Fuente: IProfesional

   

La decisión del gobierno de Estados Unidos de bloquear los fondos que en ese país genera PDVSA terminará por impactar en las operaciones que la petrolera estatal venezolana lleva adelante en la Argentina bajo la denominación social de Petrolera del Cono Sur.

 

Si bien la magnitud del negocio local está lejos de los que realiza en el país que preside Donald Trump, las autoridades venezolanas venían girando millonarios montos para mantener las actividades de su filial en el negocio petrolero doméstico.

 

Pero tanto el bloque norteamericano como la determinación del gobierno argentino de analizar el movimiento de esos fondos mediante una investigación que abrió la Unidad de Información Financiera (UIF), le están por dar el golpe de gracia a las operaciones de PDVSA en la Argentina.

 

De hecho, fue el canciller Jorge Faurie, quien hace unos días informó sobre la estrategia oficial acerca de las medidas que se van a adoptar en contra de la empresa venezolana en el país que se concentran en una pequeña planta de almacenamiento y distribución en la localidad bonaerense de Dock Sud y en la operación de unas pocas estaciones de servicio bajo las marcas SOL y PDVSur.

 

Las medidas se sumarán a las que ya se tomaron en los últimos meses en contra de la compañía propiedad del gobierno de Nicolás Maduro y que partieron de una decisión adoptada en el Ministerio de Hacienda.

 

A principios de enero pasado, la cartera que dirige Nicolás Dujovne emitió una resolución por la cual eliminó a Petrolera del Cono Sur del registro de operadores de hidrocarburos en el país.

 

Lo hizo a través de la Resolución 419/98, en la cual se refiere a la categorización de las empresas que elaboran y comercializan combustibles en la Argentina, incluyendo a las que compiten en el mercado de solventes, en todos los casos gravados por el impuesto a la transferencia de combustibles.

 

Si bien no se conocen las razones de la medida, uno de los artículos de la resolución permite “propiciar la caducidad o suspensión de la inscripción de una empresa” si no cumple con varios requisitos como el de informar mensualmente sobre sus actividades.

 

La medida oficial se suma a los problemas propios que afectan a la petrolera chavista en Argentina que acumula años de restricciones financiera y económicas y que la colocan de manera permanente al borde de la disolución.

 

En el último balance cerrado el 30 de septiembre del año pasado informó pérdidas por $178 millones, un activo por $112 millones, un pasivo total de $282 millones y un patrimonio neto negativo de $170 millones.

 

No se trata de un escenario novedoso, ya que la crisis que afecta a Petrolera del Cono Sur se remonta por lo menos a febrero del 2016, cuando su pasivo obligó a PDVSA a enviar fondos frescos para rescatarla.

 

Es más, ese año desde Venezuela le inyectaron casi $100 millones para sostener las actividades de la petrolera que en el país opera con la marca Sol y que controla una red de 70 estaciones de servicio y una refinería.

 

En tiempos del kirchnerismo y de Hugo Chávez, la sociedad llegó a tener objetivos grandilocuentes, como quedarse con los activos locales de Shell o transformar a la recién creada Enarsa en una petrolera con fondos de la nación bolivariana que iba a operar una red de 600 estaciones de servicio y a encarar ambiciosos planes de exploración, refinación y distribución de combustibles.

 

Eran los años en los cuales Chávez desembarcaba en el país con planes para convertir a PDVSA en el mayor referente energético local que inició con la compra de 150 estaciones de servicio de la firma Rhasa y de los activos de la uruguaya Ancap.

 

Y que buscó expandir intentando sumar las casi 900 estaciones de servicio y la refinería de Shell para ubicarse en el segundo puesto del mercado y desafiar al reinado de la española Repsol, por entonces dueña del 100% de YPF.

 

Hasta llegaron a contemplar la creación de una empresa energética multinacional con el nombre Petrosuramérica que iba a estar integrada por Pdvsa, Enarsa y que prometía embanderar todas las estaciones de servicio bajo la marca PDVSur e incorporar como socia a Ancap.

 

Sin embargo, más de una década después del sueño kirchnerista-bolivariano la empresa está ahora al borde de dejar de operar localmente. De hecho, hasta se encuentra sin conducción gerencial ya que a principios de diciembre presentó su renuncia sin expresión de causa Miguel Humberto Tarazona Gómez, quien ocupaba el cargo de presidente de la petrolera. Pero no fue el único. También se fueron su vicepresidente, Ángel Manuel Morales Plasencia, y el resto de los directores titulares Vicente Miguel Sarli y Darío Oscar Zanello.

 

Para intentar normalizar su directorio, la compañía convocó a una asamblea que se llevará a cabo el próximo 23 de enero en la sede de la petrolera.