FUENTE: MONEY
Arias expresó su preocupación toda vez que la tasa de desempleo tiene una tendencia creciente debido a la situación económica y la rigidez de la normativa laboral boliviana. Esto afecta directamente al trabajador, quien pierde la posibilidad de un salario digno y el acceso a seguridad social de corto y largo plazo. “Los aproximadamente 120 mil bolivianos que cada año se suman al mercado laboral y los 4 millones de trabajadores informales, no tendrán posibilidades de conseguir empleos formales y dignos debido a una legislación laboral cada vez más rígida”, apuntó.
La entidad empresarial sostiene que estas normativas generan inseguridad jurídica en el sector privado y frenan las inversiones en el ámbito empresarial. Con relación al Decreto Supremo No. 3770, se observa que esta disposición establece regulación diferenciada, excluyendo a las empresas públicas del ámbito de aplicación de la norma. Ello genera discriminación y vulnera el principio de igualdad establecido en la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales ratificados por Bolivia.
Por otro lado, con relación al Decreto Supremo No. 3771, si bien todavía no se conoce en detalle el contenido del mismo, CAINCO observa que el hecho de permitir que una empresa sea traspasada forzosamente a los trabajadores vulnera un principio esencial para el ejercicio de la actividad empresarial: la propiedad privada. Esta norma, en vez de generar incentivos para mejorar la productividad laboral, establece condiciones para agravar las dificultades en momentos de desaceleración o recesión.
Recordemos que Bolivia está en el rango de crecimiento bajo, pues organismos internacionales como el FMI señalan que el país no superará el 4,5% este año y que desde el 2020 estaremos por debajo del 4%. En este sentido, CAINCO solicita a las autoridades competentes analizar los efectos de la actual política laboral y orientar la misma a la generación de fuentes de empleo de calidad y la promoción del desarrollo nacional.
Arias expresó su preocupación toda vez que la tasa de desempleo tiene una tendencia creciente debido a la situación económica y la rigidez de la normativa laboral boliviana. Esto afecta directamente al trabajador, quien pierde la posibilidad de un salario digno y el acceso a seguridad social de corto y largo plazo. “Los aproximadamente 120 mil bolivianos que cada año se suman al mercado laboral y los 4 millones de trabajadores informales, no tendrán posibilidades de conseguir empleos formales y dignos debido a una legislación laboral cada vez más rígida”, apuntó.
La entidad empresarial sostiene que estas normativas generan inseguridad jurídica en el sector privado y frenan las inversiones en el ámbito empresarial. Con relación al Decreto Supremo No. 3770, se observa que esta disposición establece regulación diferenciada, excluyendo a las empresas públicas del ámbito de aplicación de la norma. Ello genera discriminación y vulnera el principio de igualdad establecido en la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales ratificados por Bolivia.
Por otro lado, con relación al Decreto Supremo No. 3771, si bien todavía no se conoce en detalle el contenido del mismo, CAINCO observa que el hecho de permitir que una empresa sea traspasada forzosamente a los trabajadores vulnera un principio esencial para el ejercicio de la actividad empresarial: la propiedad privada. Esta norma, en vez de generar incentivos para mejorar la productividad laboral, establece condiciones para agravar las dificultades en momentos de desaceleración o recesión.
Recordemos que Bolivia está en el rango de crecimiento bajo, pues organismos internacionales como el FMI señalan que el país no superará el 4,5% este año y que desde el 2020 estaremos por debajo del 4%. En este sentido, CAINCO solicita a las autoridades competentes analizar los efectos de la actual política laboral y orientar la misma a la generación de fuentes de empleo de calidad y la promoción del desarrollo nacional.