FUENTE: PÁGINA SIETE
Los representantes de los pueblos indígenas y campesinos acusaron ayer al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de propiciar avasallamientos de sus tierras. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) recibió la denuncia. Bajo el lema “la tierra es de quien la trabaja”, representantes de ayllus, marcas y suyos de varios lugares del país convocaron a una reunión en la ciudad de La Paz con el fin de emitir una resolución de protesta contra la actuación del INRA. El documento será presentado hoy. “Ellos denuncian y quieren ser escuchados, porque no puede ser que las tierras que la sienten tan de ellos como hace más de 500 años, ahora sean tomadas.
Hay casos concretos en pueblos de Chuquisaca, Potosí, donde (con el apoyo del INRA) no respetan sus tierras y avasallan”, denunció la presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal. El curaca de la nación Qhara Qhara y representante de Urinsaya y Aransaya, en Chuquisaca y Potosí, Mario Chincha, cuestionó que aún prevalezca el latifundio y que esa práctica sea avalada por el INRA.
“He observado que el INRA departamental sanea para terceros tierras que están en descanso y ociosas que fueron abandonadas hace 20, 30 y 50 años, ¿pero qué garantías hay que sean cultivables, si estaban paradas hace muchos años? Somos preexistentes desde hace más de 500 años y nadie nos podrá sacar de nuestros territorios”, afirmó. Por su parte, la mamatalla de la nación Khara Khara del Ayllu Yura, Humilda Ricaldi, denunció la vulneración de sus derechos, anteponiendo los intereses de los sindicatos, pese a que son una minoría. “Da rabia que el Estado plurinacional no nos atienda de igual a igual, el Estado no nos respeta, pese a que somos el 75% de los habitantes, mientras que los sindicatos solo son el 1%”, dijo. El representante de la nación Jacha Suyo, Fidel Apaza, afirmó que su sector está en estado de emergencia, debido a que el INRA entrega títulos a los campesinos e indígenas en calidad de dotación y adjudicación. “La CPE dice que no se puede dar en ese tipo de calidad, rechazamos esos títulos porque son nuestras tierras ancestrales.
Solo se pueden dotar las tierras fiscales, no las ancestrales”, citó. Los representantes concluyeron mencionando que el artículo 2 de la Constitución Política del Estado reconoce a los pueblos indígenas-originarios, pero es un mandato que no se respeta. En voz unísona los representantes exigieron la intervención del INRA por negociar sus tierras y sostuvieron que por culpa de esa institución se enfrentan entre hermanos, como sucedió entre los pueblos indígenas de la Marka Quila Quila, nación Qhara Qhara en Chuquisaca.
Autorizaciones ilegales en Roboré Demanda Los pobladores de Roboré iniciaron el bloqueo de la carretera bioceánica y la vía férrea entre Santa Cruz y Puerto Quijarro a las 00:00 del lunes en demanda de la anulación de la resolución administrativa de autorización de asentamiento 148/2015 emitida por el INRA.
Medida Esa disposición permitió el desmonte y deforestación de casi 60 hectáreas en la Reserva Municipal Valle de Tucavaca por 33 familias de la Comunidad Campesina Agropecuaria Túpac Amaru.
Postura El jiliri de la nación Omasuyo, Serapio Quenta, exigió al INRA respetar el territorio de los indígenas y campesinos por ser tierras de sus tatarabuelos; por lo tanto, advirtió que no permitirán que se les quite como sucedió en Roboré, Beni.
Los representantes de los pueblos indígenas y campesinos acusaron ayer al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de propiciar avasallamientos de sus tierras. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) recibió la denuncia. Bajo el lema “la tierra es de quien la trabaja”, representantes de ayllus, marcas y suyos de varios lugares del país convocaron a una reunión en la ciudad de La Paz con el fin de emitir una resolución de protesta contra la actuación del INRA. El documento será presentado hoy. “Ellos denuncian y quieren ser escuchados, porque no puede ser que las tierras que la sienten tan de ellos como hace más de 500 años, ahora sean tomadas.
Hay casos concretos en pueblos de Chuquisaca, Potosí, donde (con el apoyo del INRA) no respetan sus tierras y avasallan”, denunció la presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal. El curaca de la nación Qhara Qhara y representante de Urinsaya y Aransaya, en Chuquisaca y Potosí, Mario Chincha, cuestionó que aún prevalezca el latifundio y que esa práctica sea avalada por el INRA.
“He observado que el INRA departamental sanea para terceros tierras que están en descanso y ociosas que fueron abandonadas hace 20, 30 y 50 años, ¿pero qué garantías hay que sean cultivables, si estaban paradas hace muchos años? Somos preexistentes desde hace más de 500 años y nadie nos podrá sacar de nuestros territorios”, afirmó. Por su parte, la mamatalla de la nación Khara Khara del Ayllu Yura, Humilda Ricaldi, denunció la vulneración de sus derechos, anteponiendo los intereses de los sindicatos, pese a que son una minoría. “Da rabia que el Estado plurinacional no nos atienda de igual a igual, el Estado no nos respeta, pese a que somos el 75% de los habitantes, mientras que los sindicatos solo son el 1%”, dijo. El representante de la nación Jacha Suyo, Fidel Apaza, afirmó que su sector está en estado de emergencia, debido a que el INRA entrega títulos a los campesinos e indígenas en calidad de dotación y adjudicación. “La CPE dice que no se puede dar en ese tipo de calidad, rechazamos esos títulos porque son nuestras tierras ancestrales.
Solo se pueden dotar las tierras fiscales, no las ancestrales”, citó. Los representantes concluyeron mencionando que el artículo 2 de la Constitución Política del Estado reconoce a los pueblos indígenas-originarios, pero es un mandato que no se respeta. En voz unísona los representantes exigieron la intervención del INRA por negociar sus tierras y sostuvieron que por culpa de esa institución se enfrentan entre hermanos, como sucedió entre los pueblos indígenas de la Marka Quila Quila, nación Qhara Qhara en Chuquisaca.
Autorizaciones ilegales en Roboré Demanda Los pobladores de Roboré iniciaron el bloqueo de la carretera bioceánica y la vía férrea entre Santa Cruz y Puerto Quijarro a las 00:00 del lunes en demanda de la anulación de la resolución administrativa de autorización de asentamiento 148/2015 emitida por el INRA.
Medida Esa disposición permitió el desmonte y deforestación de casi 60 hectáreas en la Reserva Municipal Valle de Tucavaca por 33 familias de la Comunidad Campesina Agropecuaria Túpac Amaru.
Postura El jiliri de la nación Omasuyo, Serapio Quenta, exigió al INRA respetar el territorio de los indígenas y campesinos por ser tierras de sus tatarabuelos; por lo tanto, advirtió que no permitirán que se les quite como sucedió en Roboré, Beni.