FUENTE: LA PRENSA
En este sentido, el abogado especializado en derecho internacional, Saúl Paniagua, advirtió que Bolivia está en la obligación de cumplir con las recomendaciones indicadas por la OIT para no violar el principio de buena fe de las obligaciones internacionales. Según el sitio web de la OIT, Bolivia ratificó en 1972 el Acuerdo 131 relativo a la fijación de salarios mínimos, con especial referencia a los países en vías de desarrollo. “Esto implicaría un desacato a disposiciones de un organismo especializado como la conferencia general de la OIT”, precisó.
El domingo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) dio a conocer la resolución de la OIT en la cual instó al Gobierno a realizar “consultas exhaustivas” al empresariado durante el proceso de fijación de los incrementos salariales en el país. “Si Bolivia no cumple este tratado, es un elemento que le permite discernir a otros organismos internacionales que no va a cumplir otros convenios que suscribió, por ejemplo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), u otros con la Unesco, entonces es una reacción en cadena”, argumentó Paniagua.
Sin embargo, el especialista en derecho empresarial, Joaquín Lang, destacó que el país corre el riesgo de afectar las inversiones extranjeras si se dilata el cumplimiento de la disposición de la OIT. “Al momento de generar inversiones, los capitales extranjeros se basan en el cumplimiento de las normas de parte del Estado en el tema de tramitologías que podemos tener y en el tema de seguridad jurídica”, detalló. Asimismo, reiteró que la recomendación de la OIT es vinculante y de cumplimiento obligatorio para el Estado boliviano.
“Lo único que queda es proceder con el cumplimiento y llamar a una mesa de diálogo para las negociaciones entre el Gobierno, trabajadores y empresarios, el tripartismo que el último sector ha pedido”, señaló. Indicó que los tratados internacionales fueron reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y su incumplimiento genera un precedente negativo internacional y nacional. Mientras tanto, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, afirmó que se debe aguardar al 1 de septiembre para ver qué acciones presentará la OIT.
El organismo fijó un plazo hasta esta fecha para que el Gobierno presente una memoria detallada sobre los progresos en la aplicación de la recomendación. “Ha sido prematuro descalificar la resolución por parte de algunas autoridades”, dijo Bellot. El domingo, el ministro de Economía, Mario Guillén, aseguró que el estatuto de los empresarios desconoce las recomendaciones de la OIT, porque estas no establecen la negociación de salarios con los trabajadores.
CRECE EL MALESTAR ENTRE EMPRESARIOS El martes, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acusó al Gobierno de intentar eludir las responsabilidades que le impone el convenio 131 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). “(La OIT) ha dejado claramente establecido que los mecanismos que ha utilizado el Gobierno boliviano, en estos años para fijar el salario mínimo, no corresponden al espíritu del Convenio 131 y que debe adecuarse a la norma”, señala el comunicado de la CEPB sobre la resolución de la OIT.
En respuesta, la ministra de Planificación, Mariana Prado, aseguró que el Gobierno del presidente Evo Morales mantiene permanente contacto y diálogo con los empresarios privados del país. “Siempre nuestra labor como Estado es generar equilibrio, pero desde luego es decisión de nuestro Gobierno ver cómo garantizar algunos elementos que dignifican el trabajo en el país”, remarcó.
En este sentido, el abogado especializado en derecho internacional, Saúl Paniagua, advirtió que Bolivia está en la obligación de cumplir con las recomendaciones indicadas por la OIT para no violar el principio de buena fe de las obligaciones internacionales. Según el sitio web de la OIT, Bolivia ratificó en 1972 el Acuerdo 131 relativo a la fijación de salarios mínimos, con especial referencia a los países en vías de desarrollo. “Esto implicaría un desacato a disposiciones de un organismo especializado como la conferencia general de la OIT”, precisó.
El domingo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) dio a conocer la resolución de la OIT en la cual instó al Gobierno a realizar “consultas exhaustivas” al empresariado durante el proceso de fijación de los incrementos salariales en el país. “Si Bolivia no cumple este tratado, es un elemento que le permite discernir a otros organismos internacionales que no va a cumplir otros convenios que suscribió, por ejemplo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), u otros con la Unesco, entonces es una reacción en cadena”, argumentó Paniagua.
Sin embargo, el especialista en derecho empresarial, Joaquín Lang, destacó que el país corre el riesgo de afectar las inversiones extranjeras si se dilata el cumplimiento de la disposición de la OIT. “Al momento de generar inversiones, los capitales extranjeros se basan en el cumplimiento de las normas de parte del Estado en el tema de tramitologías que podemos tener y en el tema de seguridad jurídica”, detalló. Asimismo, reiteró que la recomendación de la OIT es vinculante y de cumplimiento obligatorio para el Estado boliviano.
“Lo único que queda es proceder con el cumplimiento y llamar a una mesa de diálogo para las negociaciones entre el Gobierno, trabajadores y empresarios, el tripartismo que el último sector ha pedido”, señaló. Indicó que los tratados internacionales fueron reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y su incumplimiento genera un precedente negativo internacional y nacional. Mientras tanto, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, afirmó que se debe aguardar al 1 de septiembre para ver qué acciones presentará la OIT.
El organismo fijó un plazo hasta esta fecha para que el Gobierno presente una memoria detallada sobre los progresos en la aplicación de la recomendación. “Ha sido prematuro descalificar la resolución por parte de algunas autoridades”, dijo Bellot. El domingo, el ministro de Economía, Mario Guillén, aseguró que el estatuto de los empresarios desconoce las recomendaciones de la OIT, porque estas no establecen la negociación de salarios con los trabajadores.
CRECE EL MALESTAR ENTRE EMPRESARIOS El martes, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acusó al Gobierno de intentar eludir las responsabilidades que le impone el convenio 131 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). “(La OIT) ha dejado claramente establecido que los mecanismos que ha utilizado el Gobierno boliviano, en estos años para fijar el salario mínimo, no corresponden al espíritu del Convenio 131 y que debe adecuarse a la norma”, señala el comunicado de la CEPB sobre la resolución de la OIT.
En respuesta, la ministra de Planificación, Mariana Prado, aseguró que el Gobierno del presidente Evo Morales mantiene permanente contacto y diálogo con los empresarios privados del país. “Siempre nuestra labor como Estado es generar equilibrio, pero desde luego es decisión de nuestro Gobierno ver cómo garantizar algunos elementos que dignifican el trabajo en el país”, remarcó.