FUENTE:PÁGINA SIETE
El procurador general del Estado, Pablo Menacho, aseguró ayer que la defensa legal del Estado por el caso Quiborax fue “austera” porque costó 1,8 millones de dólares, el 1,2% del monto que exigía la parte demandante. “El monto asciende a 1.853.345 dólares. Es el monto real que nosotros hemos gastado en el arbitraje Quiborax, lo que el Estado boliviano ha pagado en abogados, y esto constituye un 1,2% del monto demandado, de 150 millones de dólares por parte de la empresa Quiborax”, precisó. En su edición de ayer, Página Siete informó que los abogados de la defensa legal del Estado en el litigio con Quiborax costaron al país cuatro millones de dólares, con base a una inferencia de los montos estipulados en los documentos de contratación de servicios con los estudios jurídicos del exterior.
La Minuta de Contratación de Servicios Legales de la Procuraduría de 2012, publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), especificaba que el monto asignado por cada hora de trabajo para los abogados internacionales estaba fijado en 656 dólares y que el límite de gastos no podía exceder los 450 mil dólares anuales.
Esa información fue contrastada con la Resolución Administrativa de Copatrocinio de Servicios Legales para el caso Quiborax y la convocatoria de contratación de 2012, que confirman que el presupuesto anual estaba fijado en los 450 mil dólares, y que el monto asignado por hora podía superar los 700 dólares. Basado en los 450 mil dólares referenciales que el Estado presupuestó por año para la defensa del Estado en el caso Quiborax, este medio infirió que en los 10 primeros años de litigio se gastaron al menos cuatro millones de dólares para cancelar los honorarios de los abogados, y otros 450 mil dólares sólo por el proceso de anulación, entre 2015 y mayo de este año. Página Siete no pudo acceder a documentación sobre la ejecución de gastos en la defensa de este caso, porque no se encuentra disponible en la base de datos del Sicoes.
Además, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 2698 que restringe la información sobre la contratación de bufetes de abogados. En una entrevista publicada el viernes 6 de julio por el diario cruceño El Deber, el procurador respondió de forma textual a la pregunta de si los bufetes internacionales cobran 450 mil dólares por año: “No, eso nos costó todo el proceso de anulación, que duró desde 2015 hasta este año. El costo de un arbitraje supera los cuatro millones y se discuten cientos de millones; no son pequeños”. Menacho sostuvo que la versión publicada por Página Siete el martes “es falsa y tendenciosa, porque desinforma a la opinión pública lo que realmente pasa en este caso”.
Para respaldar la versión de que el costo de la defensa legal del Estado en este arbitraje fue “austero”, el Procurador citó los casos de otros estados que entraron en litigio y tuvieron que pagar grandes sumas de dinero. “¿Cuánto cuesta un arbitraje de inversiones, cuánto les cuesta a los Estados realmente defenderse en este tipo de arbitrajes internacionales? Ustedes verán que Bulgaria, en el caso Plama, gastó 13 millones de dólares; Argentina, en el caso Abaclat, pagó 12 millones de dólares. El costo promedio de un arbitraje internacional para un Estado es de ocho millones de dólares.
Hungría, en el caso ADC, gastó 7,6 millones de dólares; Egipto, en el caso Waguih, seis millones de dólares; Chile, en el caso Pey Casado, 4,3 millones de dólares, y Bolivia, en el caso Quiborax, 1,8 millones de dólares”, detalló. Menacho insistió en que la Procuraduría cumplió con su obligación de defensa legal del Estado y dijo que Bolivia fue asesorada por tres estudios jurídicos: Foley Hoag LLP, Dechert LLP y Gomm & Smith. “Hemos cumplido realmente con nuestra obligación de llevar adelante la defensa legal del Estado de la manera más austera posible en términos de costo, y ahí estos datos no me los invento yo, son datos de tres estudios que han hecho el Observatorio de Inversiones Europeo, las Naciones Unidas y la Organización para el Comercio y Desarrollo, de cuánto son los costos en este tipo de arbitrajes que, en muchos casos, han superado los 30 millones de dólares”, afirmó.
Menacho anunció que la entidad recurrirá al Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa para denunciar estas noticias, “porque este tipo de información falsa y tendenciosa afecta la imagen de la PGE”. Decreto restringe información sobre bufetes de abogados Desde la publicación del Decreto Supremo 2698, del 9 de marzo de 2016, promulgado por el presidente Evo Morales, la Procuraduría guarda en secreto las contrataciones de bufetes de abogados. Además, la norma exime a dicha institución de presentar su rendición de cuentas, de modo que esa información no se encuentra publicada en el Sicoes.
El procurador general del Estado, Pablo Menacho, precisó ayer que el litigio con Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax tuvo una duración de 12 años, en los que se gastaron 1,8 millones de dólares en la defensa legal del Estado ante el CIADI. “Hemos estado en un proceso arbitral y hemos logrado una rebaja del 72% respecto del monto demandado por la empresa chilena, de 150 millones de dólares, eso es lo que nosotros hemos logrado en el marco de la defensa del Estado boliviano”, señaló ayer Menacho, antes de terminar la conferencia de prensa. Página Siete solicitó entrevistar al Procurador después para aclarar dudas, pero su comunicador explicó que no podía responder más preguntas porque la autoridad ya había declarado.
El procurador general del Estado, Pablo Menacho, aseguró ayer que la defensa legal del Estado por el caso Quiborax fue “austera” porque costó 1,8 millones de dólares, el 1,2% del monto que exigía la parte demandante. “El monto asciende a 1.853.345 dólares. Es el monto real que nosotros hemos gastado en el arbitraje Quiborax, lo que el Estado boliviano ha pagado en abogados, y esto constituye un 1,2% del monto demandado, de 150 millones de dólares por parte de la empresa Quiborax”, precisó. En su edición de ayer, Página Siete informó que los abogados de la defensa legal del Estado en el litigio con Quiborax costaron al país cuatro millones de dólares, con base a una inferencia de los montos estipulados en los documentos de contratación de servicios con los estudios jurídicos del exterior.
La Minuta de Contratación de Servicios Legales de la Procuraduría de 2012, publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), especificaba que el monto asignado por cada hora de trabajo para los abogados internacionales estaba fijado en 656 dólares y que el límite de gastos no podía exceder los 450 mil dólares anuales.
Esa información fue contrastada con la Resolución Administrativa de Copatrocinio de Servicios Legales para el caso Quiborax y la convocatoria de contratación de 2012, que confirman que el presupuesto anual estaba fijado en los 450 mil dólares, y que el monto asignado por hora podía superar los 700 dólares. Basado en los 450 mil dólares referenciales que el Estado presupuestó por año para la defensa del Estado en el caso Quiborax, este medio infirió que en los 10 primeros años de litigio se gastaron al menos cuatro millones de dólares para cancelar los honorarios de los abogados, y otros 450 mil dólares sólo por el proceso de anulación, entre 2015 y mayo de este año. Página Siete no pudo acceder a documentación sobre la ejecución de gastos en la defensa de este caso, porque no se encuentra disponible en la base de datos del Sicoes.
Además, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 2698 que restringe la información sobre la contratación de bufetes de abogados. En una entrevista publicada el viernes 6 de julio por el diario cruceño El Deber, el procurador respondió de forma textual a la pregunta de si los bufetes internacionales cobran 450 mil dólares por año: “No, eso nos costó todo el proceso de anulación, que duró desde 2015 hasta este año. El costo de un arbitraje supera los cuatro millones y se discuten cientos de millones; no son pequeños”. Menacho sostuvo que la versión publicada por Página Siete el martes “es falsa y tendenciosa, porque desinforma a la opinión pública lo que realmente pasa en este caso”.
Para respaldar la versión de que el costo de la defensa legal del Estado en este arbitraje fue “austero”, el Procurador citó los casos de otros estados que entraron en litigio y tuvieron que pagar grandes sumas de dinero. “¿Cuánto cuesta un arbitraje de inversiones, cuánto les cuesta a los Estados realmente defenderse en este tipo de arbitrajes internacionales? Ustedes verán que Bulgaria, en el caso Plama, gastó 13 millones de dólares; Argentina, en el caso Abaclat, pagó 12 millones de dólares. El costo promedio de un arbitraje internacional para un Estado es de ocho millones de dólares.
Hungría, en el caso ADC, gastó 7,6 millones de dólares; Egipto, en el caso Waguih, seis millones de dólares; Chile, en el caso Pey Casado, 4,3 millones de dólares, y Bolivia, en el caso Quiborax, 1,8 millones de dólares”, detalló. Menacho insistió en que la Procuraduría cumplió con su obligación de defensa legal del Estado y dijo que Bolivia fue asesorada por tres estudios jurídicos: Foley Hoag LLP, Dechert LLP y Gomm & Smith. “Hemos cumplido realmente con nuestra obligación de llevar adelante la defensa legal del Estado de la manera más austera posible en términos de costo, y ahí estos datos no me los invento yo, son datos de tres estudios que han hecho el Observatorio de Inversiones Europeo, las Naciones Unidas y la Organización para el Comercio y Desarrollo, de cuánto son los costos en este tipo de arbitrajes que, en muchos casos, han superado los 30 millones de dólares”, afirmó.
Menacho anunció que la entidad recurrirá al Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa para denunciar estas noticias, “porque este tipo de información falsa y tendenciosa afecta la imagen de la PGE”. Decreto restringe información sobre bufetes de abogados Desde la publicación del Decreto Supremo 2698, del 9 de marzo de 2016, promulgado por el presidente Evo Morales, la Procuraduría guarda en secreto las contrataciones de bufetes de abogados. Además, la norma exime a dicha institución de presentar su rendición de cuentas, de modo que esa información no se encuentra publicada en el Sicoes.
El procurador general del Estado, Pablo Menacho, precisó ayer que el litigio con Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax tuvo una duración de 12 años, en los que se gastaron 1,8 millones de dólares en la defensa legal del Estado ante el CIADI. “Hemos estado en un proceso arbitral y hemos logrado una rebaja del 72% respecto del monto demandado por la empresa chilena, de 150 millones de dólares, eso es lo que nosotros hemos logrado en el marco de la defensa del Estado boliviano”, señaló ayer Menacho, antes de terminar la conferencia de prensa. Página Siete solicitó entrevistar al Procurador después para aclarar dudas, pero su comunicador explicó que no podía responder más preguntas porque la autoridad ya había declarado.