FUENTE: LA RAZÓN
El Procurador General del Estado, Pablo Menacho, afirmó la noche de este lunes que se hizo una defensa “idónea” en el caso del arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con la empresa de capitales chilenos Quiborax. El Gobierno apuntó al expresidente Carlos Mesa como el responsable de que esta instancia internacional haya fallado en contra de Bolivia en un laudo que dispone al Estado pagar $us 57 millones a la firma chilena. Mesa considera que la actual administración busca “evadir su responsabilidad directa en la desastrosa negociación”.
“La Procuraduría General del Estado ha llevado adelante absolutamente todas las acciones, de manera diligente e idónea, que se tenían al alcance” expuso Menacho en declaraciones al programa de televisión Todo A Pulmón de Cadena A.
Menacho detalló una relación cronológica del caso y afirmó que habían dos caminos que podía seguir la administración de Mesa para revertir las concesiones en el área del gran Salar de Uyuni. “Se elige el camino equivocado, se elige el camino que no era el que establecía la ley”, agregó El Procurador detalló que se realizaron: escritos de defensa, se contrataron peritajes, se recusaron árbitros y observó la jurisdicción del tribunal arbitral.
Pero había “flagrante ilegalidad” que usó en su beneficio la firma chilena. Menacho, anunció el 22 de mayo la presentación ante la Fiscalía de una proposición acusatoria contra Mesa y días después se conoció que ya estaba en manos del Tribunal Supremo de Justicia. “Todas las nacionalizaciones durante la gestión del presidente Evo Morales han contemplado la valoración para que el inversionista sea compensado.
Hemos tenido 13 soluciones amistosas en las que se ha pagado esa compensación justa. Nunca un tribunal arbitral ha llegado a condenar al Estado boliviano por una nacionalización”, argumentó.
El Procurador General del Estado, Pablo Menacho, afirmó la noche de este lunes que se hizo una defensa “idónea” en el caso del arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con la empresa de capitales chilenos Quiborax. El Gobierno apuntó al expresidente Carlos Mesa como el responsable de que esta instancia internacional haya fallado en contra de Bolivia en un laudo que dispone al Estado pagar $us 57 millones a la firma chilena. Mesa considera que la actual administración busca “evadir su responsabilidad directa en la desastrosa negociación”.
“La Procuraduría General del Estado ha llevado adelante absolutamente todas las acciones, de manera diligente e idónea, que se tenían al alcance” expuso Menacho en declaraciones al programa de televisión Todo A Pulmón de Cadena A.
Menacho detalló una relación cronológica del caso y afirmó que habían dos caminos que podía seguir la administración de Mesa para revertir las concesiones en el área del gran Salar de Uyuni. “Se elige el camino equivocado, se elige el camino que no era el que establecía la ley”, agregó El Procurador detalló que se realizaron: escritos de defensa, se contrataron peritajes, se recusaron árbitros y observó la jurisdicción del tribunal arbitral.
Pero había “flagrante ilegalidad” que usó en su beneficio la firma chilena. Menacho, anunció el 22 de mayo la presentación ante la Fiscalía de una proposición acusatoria contra Mesa y días después se conoció que ya estaba en manos del Tribunal Supremo de Justicia. “Todas las nacionalizaciones durante la gestión del presidente Evo Morales han contemplado la valoración para que el inversionista sea compensado.
Hemos tenido 13 soluciones amistosas en las que se ha pagado esa compensación justa. Nunca un tribunal arbitral ha llegado a condenar al Estado boliviano por una nacionalización”, argumentó.