FUENTE: LA PRENSA
De acuerdo con un análisis, Bolivia es un caso particular por la masiva presencia de trabajos sin dependencia formal, incluyendo independientes, no remunerados, eventuales y otras unidades productivas que por diversas razones no se constituyen y funcionan bajo los estándares que establece la ley. Muchos de estos empleos se relacionan con la economía informal, es decir, unidades productivas sin registros como empresas que no pagan impuestos. Sin embargo, las empresas que brindan empleo en Bolivia son las que deben cumplir con las exigencias de una serie de normas y reglamentos especificados en el Código del Trabajo, que a la fecha no fue renovado. Según el abogado Ramiro Cárdenas, a partir de la segunda mitad de la década pasada, la normativa laboral ha sido modificada en busca de brindar mayor protección y derechos a los trabajadores del país.
En ese propósito se han gestionado varios decretos supremos para ampliar beneficios y/o asegurar el cumplimiento de los existentes, endureciendo la norma para los empleadores. Adicionalmente, se ha fijado el incremento al salario básico y aumentos sustantivos al mínimo nacional desde el Estado, que han favorecido fundamentalmente a los trabajadores formales, que en el país son una minoría. Otras políticas puestas en marcha incluyen las limitaciones a la subcontratación, los pagos de quinquenios de manera más frecuente y a petición simple del trabajador, así como nuevos aportes, de cargo del empleador, a la seguridad social.
Los trabajadores protegidos por la norma, que son los que tienen estabilidad laboral (ítem o contrato de plazo indefinido), están afiliados al sistema de pensiones, tienen algún tipo de seguro de salud y percibe el pago de aguinaldo, es bajo, pero que además ha retrocedido en el último tiempo. En 2007, los trabajadores protegidos por la norma representaron el 21 por ciento de la población asalariada, pero para 2012 este valor se redujo a 14. Considerando el total de la población ocupada, el valor paso de 12 por ciento a 8. La presencia de la informalidad y la relativa facilidad de operar en ese ámbito influyen para que los avances en la regulación laboral y los costos emergentes actúen como un incentivo efectivo para que el empleo no protegido sea el que se expanda, indicó el legista, refiriendo que son resultados del estudio de la Ampliación de la Normativa Laboral en Bolivia, desarrollado por Beatriz Muriel y Rubén Ferrufino.
En la medida que se encarece más el costo del empleo formal, es probable que éste se vea limitado en su expansión y cobertura hacia nuevos trabajadores. El porcentaje de personas amparadas con esta normativa es muy bajo en el país ya que la mayor parte de los trabajadores en el sector informal no tienen ninguno de los derechos. “Se podría concluir que se está generando políticas para una minoría laboral y generando una normativa que induce al crecimiento de sectores que no ofrecen ninguna protección a los trabajadores”, reflexionó. 14% es población asalariada según datos de un informe del año 2014, que sería la población con trabajo formal y derechos laborales.
UN HITO HISTÓRICO El Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra cada 1 de mayo, es la fiesta más importante del movimiento obrero mundial. El 1 de Mayo nació en honor a los fallecidos en las huelgas de 1886 en las fábricas de Chicago, que por entonces era el segundo polo industrial de EEUU. La celebración del 1 de mayo, en homenaje a los Mártires de Chicago, se estableció en 1889 en un encuentro del Congreso Obrero Socialista de París. En Bolivia, esta fecha se celebró por primera vez en 1906 y 1907 con la marcha de la sociedad de obreros.
OPINIONES "Queremos respeto a los derechos constitucionales, queremos fuentes laborales, queremos cambios estructurales y no vimos eso estos años". Guido Mitma. Exejecutivo de la COB "La agenda laboral incluye una Ley General del Trabajo, Ley de Pensiones, de Empresas Públicas y otras normas que son de interés de los trabajadores (6/3/18)". Hermo Pérez. Ejecutivo COD
GOBIERNO ALISTA DOS LEYES PARA EL DÍA DEL TRABAJO Para este 1 de mayo, se prevé que el presidente Evo Morales, además de los decretos de incremento a los salarios mínimo nacional y básico, entregue la Ley de Empresas Sociales, que está en la Asamblea Legislativa, además de una ley corta para combatir el “jukeo” de minerales.
Cada normativa que sale de la Asamblea Legislativa implica factores de mucha incertidumbre para las empresas, que deben estar con plena vigencia en las aplicaciones de estas normas con sus trabajadores. Las normativas amparan a los trabajadores, pero también implican una carga social grande que impide que los empresarios puedan expandir sus negocios. “El Estado le tiene que dar a los empresarios la posibilidad y las condiciones para mejorar la cantidad de personas empleadas”, dijo por su parte el abogado laboralista Héctor Larrazábal, pero señaló que la garantía de estabilidad laboral que ofrece el Gobierno mediante decretos debe ser relativa, porque ésta sólo se garantizará si la empresa es sostenible, productiva y si tiene mercado asegurado.
OPINIÓN Ramiro Cárdenas. Especialista en derecho laboral “Los beneficios no alcanzan a todos los trabajadores” Los incrementos salariales y la mejora en el salario mínimo nacional han sido muy importantes. A ello se suman iniciativas como el doble aguinaldo, la mayor inflexibilidad laboral, y el impulso a las Empresas Sociales Privadas con la intención que más trabajadores puedan ejercer el derecho propietario de las empresas. Sin embargo, todo este proceso, en cuanto al porcentaje de trabajadores protegidos por la norma en el país, no ha logrado que estos beneficios alcancen a una mayor proporción de la población ocupada; aun más, los resultados son desalentadores por la informalidad alta e incluso en crecimiento y el incremento en el número de trabajadores no asalariados respecto a los formales.
De acuerdo con un análisis, Bolivia es un caso particular por la masiva presencia de trabajos sin dependencia formal, incluyendo independientes, no remunerados, eventuales y otras unidades productivas que por diversas razones no se constituyen y funcionan bajo los estándares que establece la ley. Muchos de estos empleos se relacionan con la economía informal, es decir, unidades productivas sin registros como empresas que no pagan impuestos. Sin embargo, las empresas que brindan empleo en Bolivia son las que deben cumplir con las exigencias de una serie de normas y reglamentos especificados en el Código del Trabajo, que a la fecha no fue renovado. Según el abogado Ramiro Cárdenas, a partir de la segunda mitad de la década pasada, la normativa laboral ha sido modificada en busca de brindar mayor protección y derechos a los trabajadores del país.
En ese propósito se han gestionado varios decretos supremos para ampliar beneficios y/o asegurar el cumplimiento de los existentes, endureciendo la norma para los empleadores. Adicionalmente, se ha fijado el incremento al salario básico y aumentos sustantivos al mínimo nacional desde el Estado, que han favorecido fundamentalmente a los trabajadores formales, que en el país son una minoría. Otras políticas puestas en marcha incluyen las limitaciones a la subcontratación, los pagos de quinquenios de manera más frecuente y a petición simple del trabajador, así como nuevos aportes, de cargo del empleador, a la seguridad social.
Los trabajadores protegidos por la norma, que son los que tienen estabilidad laboral (ítem o contrato de plazo indefinido), están afiliados al sistema de pensiones, tienen algún tipo de seguro de salud y percibe el pago de aguinaldo, es bajo, pero que además ha retrocedido en el último tiempo. En 2007, los trabajadores protegidos por la norma representaron el 21 por ciento de la población asalariada, pero para 2012 este valor se redujo a 14. Considerando el total de la población ocupada, el valor paso de 12 por ciento a 8. La presencia de la informalidad y la relativa facilidad de operar en ese ámbito influyen para que los avances en la regulación laboral y los costos emergentes actúen como un incentivo efectivo para que el empleo no protegido sea el que se expanda, indicó el legista, refiriendo que son resultados del estudio de la Ampliación de la Normativa Laboral en Bolivia, desarrollado por Beatriz Muriel y Rubén Ferrufino.
En la medida que se encarece más el costo del empleo formal, es probable que éste se vea limitado en su expansión y cobertura hacia nuevos trabajadores. El porcentaje de personas amparadas con esta normativa es muy bajo en el país ya que la mayor parte de los trabajadores en el sector informal no tienen ninguno de los derechos. “Se podría concluir que se está generando políticas para una minoría laboral y generando una normativa que induce al crecimiento de sectores que no ofrecen ninguna protección a los trabajadores”, reflexionó. 14% es población asalariada según datos de un informe del año 2014, que sería la población con trabajo formal y derechos laborales.
UN HITO HISTÓRICO El Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra cada 1 de mayo, es la fiesta más importante del movimiento obrero mundial. El 1 de Mayo nació en honor a los fallecidos en las huelgas de 1886 en las fábricas de Chicago, que por entonces era el segundo polo industrial de EEUU. La celebración del 1 de mayo, en homenaje a los Mártires de Chicago, se estableció en 1889 en un encuentro del Congreso Obrero Socialista de París. En Bolivia, esta fecha se celebró por primera vez en 1906 y 1907 con la marcha de la sociedad de obreros.
OPINIONES "Queremos respeto a los derechos constitucionales, queremos fuentes laborales, queremos cambios estructurales y no vimos eso estos años". Guido Mitma. Exejecutivo de la COB "La agenda laboral incluye una Ley General del Trabajo, Ley de Pensiones, de Empresas Públicas y otras normas que son de interés de los trabajadores (6/3/18)". Hermo Pérez. Ejecutivo COD
GOBIERNO ALISTA DOS LEYES PARA EL DÍA DEL TRABAJO Para este 1 de mayo, se prevé que el presidente Evo Morales, además de los decretos de incremento a los salarios mínimo nacional y básico, entregue la Ley de Empresas Sociales, que está en la Asamblea Legislativa, además de una ley corta para combatir el “jukeo” de minerales.
Cada normativa que sale de la Asamblea Legislativa implica factores de mucha incertidumbre para las empresas, que deben estar con plena vigencia en las aplicaciones de estas normas con sus trabajadores. Las normativas amparan a los trabajadores, pero también implican una carga social grande que impide que los empresarios puedan expandir sus negocios. “El Estado le tiene que dar a los empresarios la posibilidad y las condiciones para mejorar la cantidad de personas empleadas”, dijo por su parte el abogado laboralista Héctor Larrazábal, pero señaló que la garantía de estabilidad laboral que ofrece el Gobierno mediante decretos debe ser relativa, porque ésta sólo se garantizará si la empresa es sostenible, productiva y si tiene mercado asegurado.
OPINIÓN Ramiro Cárdenas. Especialista en derecho laboral “Los beneficios no alcanzan a todos los trabajadores” Los incrementos salariales y la mejora en el salario mínimo nacional han sido muy importantes. A ello se suman iniciativas como el doble aguinaldo, la mayor inflexibilidad laboral, y el impulso a las Empresas Sociales Privadas con la intención que más trabajadores puedan ejercer el derecho propietario de las empresas. Sin embargo, todo este proceso, en cuanto al porcentaje de trabajadores protegidos por la norma en el país, no ha logrado que estos beneficios alcancen a una mayor proporción de la población ocupada; aun más, los resultados son desalentadores por la informalidad alta e incluso en crecimiento y el incremento en el número de trabajadores no asalariados respecto a los formales.