FUENTE: JORNADA
En un comunicado leído por el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, el sector criticó que el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) hayan pactado "nuevamente incrementos excesivos que provocarán la destrucción del empleo formal en el país". "No nos oponemos a incrementos salariales a nuestros trabajadores, pero éstos deben ser razonables, sustentables y sostenibles en el tiempo", indicó la CEPB. Morales y los dirigentes de la COB acordaron el miércoles un aumento del 5,5 % al salario básico o de contratación y del 3 % al sueldo mínimo nacional, hasta el equivalente a 296 dólares. Estos incrementos quedarán fijados en un decreto que, como todos los años, firmará Morales el próximo 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo.
El Gobierno también garantizó a la COB que este año se pagará el doble aguinaldo de Navidad, una medida que se otorga a los trabajadores cuando el crecimiento económico supera el 4,5 % entre junio de un año y julio del siguiente.
Otro compromiso gubernamental fue la promulgación de una ley para la creación de empresas sociales, que permitirá a los trabajadores reabrir fábricas declaradas en quiebra o abandonadas por sus propietarios. La CEPB cuestionó la "promesa de pago" del doble aguinaldo "cuando no existe certeza de que las condiciones para su efectivización sean alcanzadas, dada la evidente desaceleración de la economía que ya afecta a los bolivianos". Para la patronal, "el más grave atentado contra la propiedad privada en el país" es la Ley de Creación de Empresas Sociales, que según el sector fomentará la "confrontación" entre empleadores y obreros "y deja a las empresas en indefensión frente a la toma de unidades productivas".
Los privados denunciaron, además, que a estas medidas se suman "la persecución tributaria, la sobrerregulación ejercida sobre los emprendimientos, el desbalance en la regulación laboral, la competencia desleal en el Estado, el fomento a la informalidad y la permisividad frente al contrabando". "En razón a estas decisiones arbitrarias e irracionales, el sector empresarial boliviano se declara en estado de emergencia a nivel nacional y convoca a todas las organizaciones de empresarios y emprendedores a asumir una actitud militante contra todas estas medidas", señaló el comunicado.
La CEPB agregó que evaluará su relación con el Ejecutivo, "teniendo en cuenta que no estamos presentes en sus prioridades ni decisiones". Por su parte, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Alfredo Rada, aseguró en rueda de prensa que los empresarios tendrán que explicar qué implica su declaración de emergencia y por qué la han realizado. El ministro recordó que el año pasado los porcentajes de incrementos salariales fueron superiores y no hubo un pronunciamiento similar. Rada consideró que las preocupaciones son infundadas y que las medidas anunciadas no tendrán los efectos negativos advertidos por los empresarios, sino que dinamizarán la economía.
En un comunicado leído por el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, el sector criticó que el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) hayan pactado "nuevamente incrementos excesivos que provocarán la destrucción del empleo formal en el país". "No nos oponemos a incrementos salariales a nuestros trabajadores, pero éstos deben ser razonables, sustentables y sostenibles en el tiempo", indicó la CEPB. Morales y los dirigentes de la COB acordaron el miércoles un aumento del 5,5 % al salario básico o de contratación y del 3 % al sueldo mínimo nacional, hasta el equivalente a 296 dólares. Estos incrementos quedarán fijados en un decreto que, como todos los años, firmará Morales el próximo 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo.
El Gobierno también garantizó a la COB que este año se pagará el doble aguinaldo de Navidad, una medida que se otorga a los trabajadores cuando el crecimiento económico supera el 4,5 % entre junio de un año y julio del siguiente.
Otro compromiso gubernamental fue la promulgación de una ley para la creación de empresas sociales, que permitirá a los trabajadores reabrir fábricas declaradas en quiebra o abandonadas por sus propietarios. La CEPB cuestionó la "promesa de pago" del doble aguinaldo "cuando no existe certeza de que las condiciones para su efectivización sean alcanzadas, dada la evidente desaceleración de la economía que ya afecta a los bolivianos". Para la patronal, "el más grave atentado contra la propiedad privada en el país" es la Ley de Creación de Empresas Sociales, que según el sector fomentará la "confrontación" entre empleadores y obreros "y deja a las empresas en indefensión frente a la toma de unidades productivas".
Los privados denunciaron, además, que a estas medidas se suman "la persecución tributaria, la sobrerregulación ejercida sobre los emprendimientos, el desbalance en la regulación laboral, la competencia desleal en el Estado, el fomento a la informalidad y la permisividad frente al contrabando". "En razón a estas decisiones arbitrarias e irracionales, el sector empresarial boliviano se declara en estado de emergencia a nivel nacional y convoca a todas las organizaciones de empresarios y emprendedores a asumir una actitud militante contra todas estas medidas", señaló el comunicado.
La CEPB agregó que evaluará su relación con el Ejecutivo, "teniendo en cuenta que no estamos presentes en sus prioridades ni decisiones". Por su parte, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Alfredo Rada, aseguró en rueda de prensa que los empresarios tendrán que explicar qué implica su declaración de emergencia y por qué la han realizado. El ministro recordó que el año pasado los porcentajes de incrementos salariales fueron superiores y no hubo un pronunciamiento similar. Rada consideró que las preocupaciones son infundadas y que las medidas anunciadas no tendrán los efectos negativos advertidos por los empresarios, sino que dinamizarán la economía.