FUENTE: PÁGINA SIETE
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) inhabilitó “de forma definitiva” para trabajar en cualquier otra entidad financiera a la exgerente Marcia Villarroel, al expresidente del directorio Diego Pérez Cueto y al exsíndico Javier Fernández. La directora de la ASFI, Lenny Valdivia, informó que la decisión se da por incumplimiento de normas y como resultado del desfalco de 37,6 millones de bolivianos que sufrió el Banco Unión. “La sanción va a impedir que estos ejecutivos, a los que se les ha establecido esta responsabilidad, no puedan trabajar en ninguna otra entidad del sistema financiero nacional por los incumplimientos en los que han incurrido”, precisó. Agregó que para la determinación se valoraron de manera objetiva todos los elementos de prueba que están en el cuaderno de investigaciones en vía administrativa.
También se evaluó la responsabilidad que tenían estas autoridades y el daño económico que sufrió la entidad. Pese a que la sanción de inhabilitación está emitida, Valdivia aclaró que las resoluciones emitidas no tienen calidad de cosa juzgada y los exejecutivos aún pueden impugnar la decisión y presentar descargos. “Éstos han sido legalmente notificados y actualmente están en plazo de impugnar. La decisión es de ellos”, explicó. Este medio intentó comunicarse con la exgerente del Banco Unión, pero no atendió su teléfono celular ni respondió al requerimiento a través de WhatsApp. Asimismo, el expresidente del directorio Diego Pérez se negó a ser entrevistado cuando este medio llamó a su teléfono registrado en la guía telefónica. El lunes 23 de octubre, Villarroel fue destituida de su cargo por el presidente Evo Morales, quien anunció que Rolando Marín Ibáñez había sido elegido para ocupar el principal cargo dentro de la institución financiera pública.
Cuatro días después, el viernes 27, el directorio del banco presentó su renuncia en pleno, como consecuencia del robo de los 37,6 millones de bolivianos por Juan Franz Pari Mamani, quien era el jefe de operaciones de la agencia de Batallas. La ASFI informó que están por salir otras cinco resoluciones de inhabilitación contra el resto del directorio de la entidad conformado por el primer vicepresidente Óscar Rolando Claros Bustillo, la segunda vicepresidenta Felima Gabriela Mendoza Gumiel y los directores Carlos Alfredo Tórrez Bravo y Eduardo Pardo. Valdivia sostuvo que estas medidas vía administrativa son fuertes señales al sistema para evitar la repetición de fraudes.
La investigación Detenidos Por el robo de los 37,6 millones de bolivianos al Banco Unión en la actualidad hay al menos 26 personas detenidas de forma preventiva, entre ellas el principal imputado por cometer el delito, Juan Franz Pari, su novia, su esposa, sus padres, su hermano, socios y excompañeros de trabajo. Proceso Respecto a los avances en la investigación, en el Ministerio Público se informó que todas las personas que se encuentran detenidas deben presentar sus descargos para solicitar la cesación de la detención, además de presentar un memorial para ampliar su declaración informativa.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) inhabilitó “de forma definitiva” para trabajar en cualquier otra entidad financiera a la exgerente Marcia Villarroel, al expresidente del directorio Diego Pérez Cueto y al exsíndico Javier Fernández. La directora de la ASFI, Lenny Valdivia, informó que la decisión se da por incumplimiento de normas y como resultado del desfalco de 37,6 millones de bolivianos que sufrió el Banco Unión. “La sanción va a impedir que estos ejecutivos, a los que se les ha establecido esta responsabilidad, no puedan trabajar en ninguna otra entidad del sistema financiero nacional por los incumplimientos en los que han incurrido”, precisó. Agregó que para la determinación se valoraron de manera objetiva todos los elementos de prueba que están en el cuaderno de investigaciones en vía administrativa.
También se evaluó la responsabilidad que tenían estas autoridades y el daño económico que sufrió la entidad. Pese a que la sanción de inhabilitación está emitida, Valdivia aclaró que las resoluciones emitidas no tienen calidad de cosa juzgada y los exejecutivos aún pueden impugnar la decisión y presentar descargos. “Éstos han sido legalmente notificados y actualmente están en plazo de impugnar. La decisión es de ellos”, explicó. Este medio intentó comunicarse con la exgerente del Banco Unión, pero no atendió su teléfono celular ni respondió al requerimiento a través de WhatsApp. Asimismo, el expresidente del directorio Diego Pérez se negó a ser entrevistado cuando este medio llamó a su teléfono registrado en la guía telefónica. El lunes 23 de octubre, Villarroel fue destituida de su cargo por el presidente Evo Morales, quien anunció que Rolando Marín Ibáñez había sido elegido para ocupar el principal cargo dentro de la institución financiera pública.
Cuatro días después, el viernes 27, el directorio del banco presentó su renuncia en pleno, como consecuencia del robo de los 37,6 millones de bolivianos por Juan Franz Pari Mamani, quien era el jefe de operaciones de la agencia de Batallas. La ASFI informó que están por salir otras cinco resoluciones de inhabilitación contra el resto del directorio de la entidad conformado por el primer vicepresidente Óscar Rolando Claros Bustillo, la segunda vicepresidenta Felima Gabriela Mendoza Gumiel y los directores Carlos Alfredo Tórrez Bravo y Eduardo Pardo. Valdivia sostuvo que estas medidas vía administrativa son fuertes señales al sistema para evitar la repetición de fraudes.
La investigación Detenidos Por el robo de los 37,6 millones de bolivianos al Banco Unión en la actualidad hay al menos 26 personas detenidas de forma preventiva, entre ellas el principal imputado por cometer el delito, Juan Franz Pari, su novia, su esposa, sus padres, su hermano, socios y excompañeros de trabajo. Proceso Respecto a los avances en la investigación, en el Ministerio Público se informó que todas las personas que se encuentran detenidas deben presentar sus descargos para solicitar la cesación de la detención, además de presentar un memorial para ampliar su declaración informativa.