FUENTE: EL MUNDO
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Bolivia no existe en el marco normativo actual, por lo tanto hay un proyecto de ley del Sistema Penal Boliviano que está tratando de incorporarlo; sin embargo, lamentablemente ese proyecto de ley no tiene una base constitucional, es decir, no tiene los artículos adecuados para que pueda sostener este tipo de criterios, si bien en otros países existe la responsabilidad sobre una persona jurídica, pero normativamente está orientado de diferente manera”, afirmó Añez. El jurista añadió que las sanciones, por ejemplo en España, son más de carácter administrativo que directamente penal punitiva económica.
En cambio, en Bolivia lamentablemente ese proyecto de ley que se está queriendo promover tiene un contexto de responsabilidad penal directa hacia la persona jurídica, desde un punto de vista de atacar su patrimonio como persona jurídica. Agregó que ese proyecto de ley contempla 30 tipos penales que están orientados hacia la criminalización de la persona jurídica, es decir, hacia empresas o cualquier institución que tenga personería jurídica.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Bolivia no existe en el marco normativo actual, por lo tanto hay un proyecto de ley del Sistema Penal Boliviano que está tratando de incorporarlo; sin embargo, lamentablemente ese proyecto de ley no tiene una base constitucional, es decir, no tiene los artículos adecuados para que pueda sostener este tipo de criterios, si bien en otros países existe la responsabilidad sobre una persona jurídica, pero normativamente está orientado de diferente manera”, afirmó Añez. El jurista añadió que las sanciones, por ejemplo en España, son más de carácter administrativo que directamente penal punitiva económica.
En cambio, en Bolivia lamentablemente ese proyecto de ley que se está queriendo promover tiene un contexto de responsabilidad penal directa hacia la persona jurídica, desde un punto de vista de atacar su patrimonio como persona jurídica. Agregó que ese proyecto de ley contempla 30 tipos penales que están orientados hacia la criminalización de la persona jurídica, es decir, hacia empresas o cualquier institución que tenga personería jurídica.