Fuente: El Financiero‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

  

Enrique Quintana

 

La inversión comprometida en el sector de hidrocarburos, como resultado de la reforma energética alcanza los 77 mil 800 millones de dólares hasta ahora y bien podría llegar a 100 mil millones tras las cuatro licitaciones de hidrocarburos que aún se realizarán en lo que resta de la actual administración, esto lo informó ayer el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en el Oil & Gas Innovation Forum, organizado por El Financiero.

 

Obviamente estos recursos no se van a invertir en un año ni en dos, sino a lo largo de los diversos proyectos, lo que implica un periodo de más de 10 años.

 

Sin embargo, esto sería equivalente –en monto de inversión– a la instalación de 200 plantas automotrices de buen tamaño. De esa magnitud es la inversión prevista.

 

Uno de los temas que en diversas ocasiones salió en la discusión en el foro referido fue la posibilidad de que las elecciones del 2018 generaran un entorno político y regulatorio que afectara negativamente estos compromisos de inversión.

 

Aunque son acotados, los riesgos de falta de continuidad existen.

 

No es previsible que haya una contrarreforma a nivel constitucional ya que, salvo que hubiera alguna sorpresa, quienes se han opuesto a esta reforma no obtendrían una representación superior a más de las dos terceras partes del Congreso –condición para la el cambio constitucional– y menos aún, una representación en Congresos estatales superior a las 16 entidades.

 

Sin embargo, la continuidad de la reforma requiere del entramado legal que incluye leyes y reglamentos, así como de acciones ejecutivas, tales como las licitaciones realizadas hasta ahora.

 

Un Presidente de la República que esté en contra de la reforma, aunque no pueda modificar la Constitución, sí tiene capacidad para desbarrancar el proceso de inversión, así respete los contratos suscritos previamente.

 

Otro ingrediente de la reforma en hidrocarburos es la transformación de Pemex y CFE. Aunque las empresas tienen consejeros independientes, sus estructuras de gobierno no son lo suficientemente robustas para resistir el embate de un Poder Ejecutivo que quisiera frenar los cambios.

 

El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, sin embargo, dio en el clavo.

 

La restricción principal para echar para atrás la reforma son los mercados.

 

Por ejemplo, si se pretendiera la construcción de una nueva refinería, no habría 10 mil millones de dólares que “sobraran”, para financiarla.

Los propios mercados impedirían el endeudamiento excesivo, encareciendo los recursos o simplemente no ofreciéndolos.

 

Así que, más que las meras garantías legales, las restricciones económicas impondrían límites a los intentos de echar para atrás las reformas emprendidas en el sector de hidrocarburos.

 

Quizás eso es lo que ven las decenas de empresas mexicanas y extranjeras que le han apostado a esta reforma, no de manera declarativa, sino poniendo sus recursos en numerosos proyectos.

 

Pero, sin duda lo mejor sería garantizar la continuidad de proyectos cuya concreción le pueda cambiar el rostro al país en el curso de la próxima década.

 

Hay disyuntivas en las cuales los países definen su destino de largo plazo.

 

Me parece que en México nos estamos aproximando a uno de esos momentos.