Fuente: Expreso‎

   

El formato de contrato será el de prestación de servicios. Es decir, el Estado pagará una tarifa determinada por cada barril de crudo extraído en los 15 campos menores (de menos de 5.000 barriles diarios) ubicados en Orellana y Sucumbíos y puestos a consideración.

 

Esa tarifa, a diferencia de las negociaciones que llevó adelante el país cuando Rafael Correa era presidente, estará determinada por el mercado y no por un acuerdo fijo con la empresa. Eso garantiza, según las autoridades, que el Estado no pierda cuando el precio del barril de petróleo caiga.

 

Indexar la tarifa al precio WTI es viable para las empresas petroleras porque, entre otros motivos, aún con costos bajos recibirán su pago.

 

¿Cómo funciona el modelo? El Ministerio de Hidrocarburos y la empresa estatal Petroamazonas desarrollaron un esquema que calcula el Ingreso Disponible. Es decir, un monto que resulta de la extracción de crudo menos diferenciales, costos de transporte, operación, entre otros. Esa cifra se compara con la tarifa de la empresa privada para el pago.

 

Si el Ingreso Disponible es mayor que la tarifa, la privada recibe el 100 % del pago correspondiente. Si el ingreso es menor, se cubre lo que alcance de la tarifa y el saldo va a un Carry Forward, una cuenta que acumulará la deuda del Estado con las prestadoras de servicio. Esa deuda no generará intereses.

 

Lo pendiente no quedará en el olvido, aseguran los representantes estatales. Dicho Carry Forward se cubrirá con el 50 % de los excedentes de ingresos que tenga el Estado cuando haya buenos años para el hidrocarburo.

 

La fórmula evitará que el Gobierno caiga, nuevamente, en deudas difíciles de cubrir. Actualmente, Ecuador debe más de 2.000 millones de dólares a las petroleras privadas porque, tras la caída de los precios de crudo, no pudo honrar las tarifas acordadas.

 

Para el experto petrolero, Augusto Tandazo, los beneficios son positivos si, además de estimular a las petroleras privadas extranjeras, se hace un espacio para las empresas privadas ecuatorianas. A su criterio, ese segmento ha sido tradicionalmente excluido.

 

El ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez, destaca otro beneficio. El Estado espera recibir inversiones por más de 1.186 millones de dólares por la ronda petrolera que termina mañana. En las negociaciones hay más de 120 empresas nacionales y extranjeras.

 

Otro punto que destacan las autoridades es el tiempo de inversión. Se estima que las empresas estarían hasta diez años en los campos. Luego de tres años de operación, detalla la propuesta presentada en la ronda, los inversores pueden presentar planes de mejoras de la producción. Eso incluso alargaría los trabajos en las zonas del Oriente.

 

Si el modelo resulta y los 15 campos, o la mayoría, se entregan. El Gobierno replicará el modelo para nuevas rondas. Una de ellas de intracampos -zonas con crudo entre campos- y otra para promocionar el potencial petrolero en el suroriente ecuatoriano. Ese intento fue fallido en el Gobierno anterior.

 

Según el esquema actual, las empresas interesadas en la ronda de campos menores tienen dos meses para iniciar las negociaciones con el Estado. El 17 de agosto, muestra el cronograma de Petroamazonas, se iniciarán las conversaciones con las empresas calificadas.

 

Para saber

 

Interés

 

Desde el 17 de julio y hasta el 7 de agosto, la empresa Petroamazonas recibirá las ofertas de las empresas interesadas. Estas pueden unirse para formar consorcios.

 

Respuesta

 

El 8 de agosto empezará el análisis de ofertas y las negociaciones serán el 17.