La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se declaró este martes en emergencia por el proyecto de ley que analiza el Parlamento para permitir a los trabajadores reabrir las fábricas declaradas en quiebra o que hayan sido abandonadas por sus propietarios al considerar que pone en riesgo la propiedad privada.

 

El documento cuestionado es el proyecto de ley de Empresas Sociales que fue aprobado el lunes en la Cámara de Diputados, controlada por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

 

En un comunicado difundido hoy, el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, pidió al Senado, donde la norma debe ser analizada, que reconsidere varios artículos del proyecto, en particular el 4 y el 7 que, a su juicio, son "medios para confiscar la propiedad privada e inviabilizar la apertura de empresas en el país".

 

Calificó de "inaceptable" e "irracional" que el artículo 7 del proyecto establezca como causal para arrebatar la propiedad de una empresa la disminución de las actividades productivas o el retraso en el pago de servicios, salarios y aportes a la seguridad social durante tres meses continuos.

 

"Es un despropósito tan grande que muestra el desconocimiento absoluto y eventualmente la mala fe del redactor de la norma, ya que presupone que los retrasos en los pagos implican el abandono de la empresa, cuando este problema puede deberse a múltiples factores con los que los empresarios lidiamos diariamente", dijo Nostas.

 

También indicó que la suspensión o disminución paulatina de las actividades productivas puede deberse a situaciones que escapan al control de la propia empresa.

 

Advirtió de que si la norma se aprueba sin cambios, "se estará lanzando una clara señal para no hacer empresa en el país" e incluso se afectará al sector financiero, puesto que, según dijo, la banca dudará en dar créditos a las compañías por el riesgo de que "no puedan ejecutar ninguna garantía real" ante situaciones adversas.

 

Nostas aseguró que los empresarios privados desconocían la existencia del proyecto y exigió que el Senado evite aprobar la norma mientras no se escuchen los argumentos "jurídicos y técnicos" del sector sobre el texto.