FUENTE: EL DÍA
Como un desmonte ilegal calificó la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) la tala de 6,7 hectáreas de árboles a orillas del río Surutú, por parte de la empresa Sinohydro. Por ello, la entidad anunció iniciar un proceso en contra del consorcio chino, que arguyó desconocer la legislación boliviana. Empresa tendrá que reforestar el área. Rolf Köhler, director ejecutivo de la ABT, informó que el municipio de San Carlos realizó la denuncia del desmonte el pasado 20 de diciembre, inmediatamente se verificó la situación y se hizo un comparendo de citación, toda vez que no se tenía permiso para realizar la tala de los árboles. Asimismo, se indicó que el desmonte se realizó en la localidad de Santa Fe en Yapacaní a 150 metros del margen del río.
"En ningún momento se ha dado algún permiso de desmonte... la ABT no ha autorizado, es un desmonte ilegal. Ya se ha paralizado cualquier movimiento en esa área. Entonces vamos a realizar las acciones legales que corresponda, las sanciones y multas económicas. La empresa china ha manifestado el desconocimiento de la legislación boliviana", afirmó Köhler a tiempo de añadir que la empresa tendrá que reforestar toda el área desmontada. Presentará denuncia penal contra tres entidades estatales. Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, informó que se está trabajando en los fundamentos para una denuncia penal contra la empresa Sinohydro, además de incluir a la ABT y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por no prevenir esta situación.
"La denuncia penal la estamos presentando el próximo lunes en la ciudad de La Paz ante la Fiscalía General. Se incluye a estas dos instituciones porque ellos tenían la responsabilidad de precautelar los intereses colectivos. La ABT reconoce que Sinohydro no tenía permiso entonces existe un incumplimiento de la entidad", dijo. En tanto, Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, comentó que este desmonte violó la ley del medio ambiente y la ley forestal, por lo que cualquier fiscal en materia podría actuar de oficio.
También señaló que espera que las autoridades actúen de la misma forma con los desmontes en tierras con vocación forestal. que alcanza un 33% del total de la deforestación en Bolivia. "Fue una deforestación ilegal que destruyó un área de protección ecológica, por tanto corresponde la aplicación de la norma porque constituye la destrucción de los bienes del Estado. Ojalá que con la misma energía se actúe contra todos los que realizan desmontes ilegales en áreas protegidas como parques nacionales", dijo Ávila.
De normas ambientales Se debe fortalecer el cumplimiento ONG. Daniel Larrea, coordinador de la Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos (ACEAA), dijo que a pesar de que el plan de desmonte es un instrumento obligatorio, aún no se ha introducido en la sociedad, tanto en empresas como productores, por lo que considera que se debe fortalecer su cumplimiento con su aplicación tenaz, además de incentivar a las personas que sí lo cumplen. "Es una omisión que ha tomado un poco de costumbre, a veces primero se hace el desmonte y después se lo quiere regularizar y debería ser al revés", dijo.
Como un desmonte ilegal calificó la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) la tala de 6,7 hectáreas de árboles a orillas del río Surutú, por parte de la empresa Sinohydro. Por ello, la entidad anunció iniciar un proceso en contra del consorcio chino, que arguyó desconocer la legislación boliviana. Empresa tendrá que reforestar el área. Rolf Köhler, director ejecutivo de la ABT, informó que el municipio de San Carlos realizó la denuncia del desmonte el pasado 20 de diciembre, inmediatamente se verificó la situación y se hizo un comparendo de citación, toda vez que no se tenía permiso para realizar la tala de los árboles. Asimismo, se indicó que el desmonte se realizó en la localidad de Santa Fe en Yapacaní a 150 metros del margen del río.
"En ningún momento se ha dado algún permiso de desmonte... la ABT no ha autorizado, es un desmonte ilegal. Ya se ha paralizado cualquier movimiento en esa área. Entonces vamos a realizar las acciones legales que corresponda, las sanciones y multas económicas. La empresa china ha manifestado el desconocimiento de la legislación boliviana", afirmó Köhler a tiempo de añadir que la empresa tendrá que reforestar toda el área desmontada. Presentará denuncia penal contra tres entidades estatales. Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, informó que se está trabajando en los fundamentos para una denuncia penal contra la empresa Sinohydro, además de incluir a la ABT y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por no prevenir esta situación.
"La denuncia penal la estamos presentando el próximo lunes en la ciudad de La Paz ante la Fiscalía General. Se incluye a estas dos instituciones porque ellos tenían la responsabilidad de precautelar los intereses colectivos. La ABT reconoce que Sinohydro no tenía permiso entonces existe un incumplimiento de la entidad", dijo. En tanto, Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, comentó que este desmonte violó la ley del medio ambiente y la ley forestal, por lo que cualquier fiscal en materia podría actuar de oficio.
También señaló que espera que las autoridades actúen de la misma forma con los desmontes en tierras con vocación forestal. que alcanza un 33% del total de la deforestación en Bolivia. "Fue una deforestación ilegal que destruyó un área de protección ecológica, por tanto corresponde la aplicación de la norma porque constituye la destrucción de los bienes del Estado. Ojalá que con la misma energía se actúe contra todos los que realizan desmontes ilegales en áreas protegidas como parques nacionales", dijo Ávila.
De normas ambientales Se debe fortalecer el cumplimiento ONG. Daniel Larrea, coordinador de la Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos (ACEAA), dijo que a pesar de que el plan de desmonte es un instrumento obligatorio, aún no se ha introducido en la sociedad, tanto en empresas como productores, por lo que considera que se debe fortalecer su cumplimiento con su aplicación tenaz, además de incentivar a las personas que sí lo cumplen. "Es una omisión que ha tomado un poco de costumbre, a veces primero se hace el desmonte y después se lo quiere regularizar y debería ser al revés", dijo.