Fuente: Ambito
Después de haber detectado severos incumplimientos financieros y de construcción, la desaparición de u$s30 millones, y tras escuchar un duro informe de sus asesores legales, el Gobierno que comanda la mandataria Rosana Bertone (Frente para la Victoria) desactivó un convenio firmado durante la gestión de la exgobernadora Fabiana Ríos con la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química SA, creada en 2010 para la venta de gas proveniente de regalías.
La empresa debía realizar pagos adelantados por la compra del gas y cumplir requisitos varios, como por ejemplo, estudios de factibilidad y obras de ingeniería civil, o la puesta en marcha de una planta de urea en Río Grande para mayo de 2013. Según informó días atrás el Gobierno de Bertone, “pese a las sucesivas intervenciones del fiscal de Estado y sus recomendaciones sobre posibles irregularidades en el acuerdo, el Convenio fue remitido posteriormente a la Legislatura”. Luego de conseguir aval parlamentario, la empresa realizó el primer pago al que se había comprometido, pero el segundo nunca se concretó, así como ninguna de las obras pactadas anteriormente. El Gobierno de Ríos concedió varias prórrogas (incluso, antes del arribo de Bertone).
No obstante, la actual gestión dejó en claro que “al asumir, y tras un exhaustivo análisis del expediente, se constataron serias irregularidades en la tramitación de las actuaciones administrativas y una conducta displicente de la empresa para acreditar en el expediente las razones esgrimidas para justificar los incumplimientos y solicitar nuevas prórrogas”. Las fallas de la empresa van más allá, ya que desde el Ejecutivo provincial apuntaron en los últimos días a pagos realizados que no son encontrados por los funcionarios de Bertone. Por caso, la secretaria Legal y Técnica, Gimena Vitali, dijo que en las cuentas “deberían estar” 30 millones de dólares depositados por los chinos que “no están y no estuvieron nunca, al menos cuando asumimos la gestión”. Además, Vitali destacó: “Nadie niega que esos u$s30 millones se pagaron y que estuvieron depositados en una cuenta de la provincia”.
La empresa buscaría ahora recuperar ese monto. Medios locales publicaron que el 20 de noviembre pasado el apoderado de la empresa, Yu Yo Lin, le envió una nota al entonces Ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, en la que acusa a la gestión de Cristina de Kirchner de no resolver “los inconvenientes que motivaron la irrupción del inicio de ejecución del proyecto”, y en la que dispara: “Sistemáticamente han obstaculizado los trámites de importación de bienes al país que la empresa necesita para desarrollar sus actividades”.
La empresa debía realizar pagos adelantados por la compra del gas y cumplir requisitos varios, como por ejemplo, estudios de factibilidad y obras de ingeniería civil, o la puesta en marcha de una planta de urea en Río Grande para mayo de 2013. Según informó días atrás el Gobierno de Bertone, “pese a las sucesivas intervenciones del fiscal de Estado y sus recomendaciones sobre posibles irregularidades en el acuerdo, el Convenio fue remitido posteriormente a la Legislatura”. Luego de conseguir aval parlamentario, la empresa realizó el primer pago al que se había comprometido, pero el segundo nunca se concretó, así como ninguna de las obras pactadas anteriormente. El Gobierno de Ríos concedió varias prórrogas (incluso, antes del arribo de Bertone).
No obstante, la actual gestión dejó en claro que “al asumir, y tras un exhaustivo análisis del expediente, se constataron serias irregularidades en la tramitación de las actuaciones administrativas y una conducta displicente de la empresa para acreditar en el expediente las razones esgrimidas para justificar los incumplimientos y solicitar nuevas prórrogas”. Las fallas de la empresa van más allá, ya que desde el Ejecutivo provincial apuntaron en los últimos días a pagos realizados que no son encontrados por los funcionarios de Bertone. Por caso, la secretaria Legal y Técnica, Gimena Vitali, dijo que en las cuentas “deberían estar” 30 millones de dólares depositados por los chinos que “no están y no estuvieron nunca, al menos cuando asumimos la gestión”. Además, Vitali destacó: “Nadie niega que esos u$s30 millones se pagaron y que estuvieron depositados en una cuenta de la provincia”.
La empresa buscaría ahora recuperar ese monto. Medios locales publicaron que el 20 de noviembre pasado el apoderado de la empresa, Yu Yo Lin, le envió una nota al entonces Ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, en la que acusa a la gestión de Cristina de Kirchner de no resolver “los inconvenientes que motivaron la irrupción del inicio de ejecución del proyecto”, y en la que dispara: “Sistemáticamente han obstaculizado los trámites de importación de bienes al país que la empresa necesita para desarrollar sus actividades”.