Después de una acción de incompetencia planteada por la representación de la Procuraduría General del Estado en Cochabamba, el Juzgado Público Quinto en Materia Familiar derivó la acción popular interpuesta contra Rositas a la provincia Cordillera, dejando sin efecto la paralización del proyecto.

Los representantes de tres sindicatos de transporte libre del trópico de Cochabamba denunciaron a Los Tiempos que autos indocumentados o “chutos” amplían sus tanques y pagan más para cargar combustible en los surtidores de Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Eterazama, Ivirgarzama y Entre Ríos.