La estatal petrolera aduce que no es responsable de casi 150 millones de dólares en deudas contraídas con una unidad de Siemens Energy. Dicen que las sanciones de EEUU le impidieron realizar los pagos.

En enero de 2017, PDVSA, con problemas de liquidez, emitió un pagaré al proveedor de equipos para yacimientos petrolíferos Dresser-Rand por unos 120 millones de dólares, más intereses. PDVSA realizó los dos primeros pagos de alrededor de $ 4 millones, pero incumplió después de que Washington en agosto de 2017 emitiera sanciones que impiden el comercio de la nueva deuda de la compañía.

En mayo de 2020, el Tribunal de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York dictó una sentencia de 149,5 millones de dólares a favor de Dresser-Rand. PDVSA presentará evidencia que, según dice, muestra que los bancos que desconfían de las sanciones bloquearon los intentos de pago. Quiere que el juez determine que ya no está obligado por la deuda.

«Las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a PDVSA… hicieron imposible u objetivamente impracticable que PDVSA hiciera los pagos requeridos», escribieron los abogados de PDVSA en un escrito previo al juicio presentado el 29 de marzo.

El caso muestra cómo las sanciones a PDVSA, que según Washington están destinadas a presionar al presidente socialista Nicolás Maduro para que restaure la democracia, han tenido consecuencias no deseadas de gran alcance. Las empresas a menudo se niegan a participar incluso en transacciones aprobadas por Estados Unidos con PDVSA por precaución.

Dresser-Rand intentará demostrar que una exención a las sanciones significaba que se habrían permitido los pagos de PDVSA y que la empresa ofreció opciones alternativas después de que una unidad de Citigroup Inc se negara a procesar los pagos, según muestra su informe previo al juicio.

PDVSA ha tratado de obligar a Dresser-Rand a entregar las comunicaciones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, que hace cumplir las sanciones, para tratar de demostrar que la exención no se aplicó.

Fuente: El Nacional