Fuente: El Comercio
Cuando sea viejo les contaré a mis nietos que la protección del Yasuní, el lugar más bio diverso del planeta, estuvo en manos de indígenas y fueron justamente quienes lo condenaron. ¡¿Indígenas responsables de la final destrucción del Yasuní?! ¡Imposible! Yo no podía creerlo, mi asombro hacía que mi mano tape mi boca. ¿Pero quiénes son los ecuatorianos? ¿Pero quién vive en este país? La preservación intacta del Yasuní ya no es posible, ya están allí las petroleras. Pero podíamos aspirar a un reducto de orgullo, un Tiwintza, un pedacito mínimo para los pueblos en aislamiento voluntario – los Tagaeri y Taromenane –, una porción pequeña para sentir que algo se pudo. Esto se podía consultar a los ecuatorianos, y estaba en las manos de dos indígenas dar paso. Parecía logrado.
Además, tres organismos estatales reconocieron que el proceso de validación de firmas fue irregular, y que se violaron los derechos de quienes querían la consulta. La Defensoría del Pueblo (14 de agosto de 2018), el Cpccs - transitorio (25 de septiembre de 2018) y el CNE - transitorio (15 de noviembre de 2018), lo dicen sin matices, claramente. Ejemplo, el informe del CNE-t señala que la denegación de la consulta fue en base a “actuaciones ilegítimas por arbitrarias y antijurídicas.” Sorpresivamente el pasado 15 de noviembre ante el CNE se presenta una propuesta alucinante, ignorar el trabajo de estos organismos, dar validez al rechazo de las firmas e ignorar la lesión de los derechos.
Cinco consejeros, tres votos necesarios para rechazarlo. Enrique Pita en contra, Luis Verdesoto en contra. José Cabrera a favor. Solo se necesitaba un voto más para rechazar la infame propuesta. Diana Atamaint amazónica, y Estela Acero kayambi, el resultado: las dos votan a favor de sepultar el Yasuní. No son todos los indígenas, pero es una triste coincidencia que el último clavo haya venido de allí. Pedro Bermeo de Yasunidos tenía la cara atónita, miembros de Acción Ecológica, la mirada perdida, y la Constitución despedazada.
En serio, ¿para qué existe una figura de consulta popular por iniciativa ciudadana? Si un colectivo realiza todos los pasos legales previstos – que requieren esfuerzos enormes de recoger firmas –, y se les niega la consulta; si luego tres instituciones aprueban informes que reconocen que se vulneraron sus derechos y se les debía reconocer la consulta, y aun así el organismo electoral lo niega, ¿existe tal cosa como la consulta por iniciativa ciudadana? Y, ¿hay algún valor legal a lo previsto en la Constitución? Ahora hay un juicio político en marcha, una de las causales es la actuación de la Presidenta Atamaint respecto a la consulta de Yasunidos. Pero hay asambleístas a quienes la democracia y la Constitución les vale un pepino y han declarado que la protegerán. Ecuatorianos contra la democracia.
Además, tres organismos estatales reconocieron que el proceso de validación de firmas fue irregular, y que se violaron los derechos de quienes querían la consulta. La Defensoría del Pueblo (14 de agosto de 2018), el Cpccs - transitorio (25 de septiembre de 2018) y el CNE - transitorio (15 de noviembre de 2018), lo dicen sin matices, claramente. Ejemplo, el informe del CNE-t señala que la denegación de la consulta fue en base a “actuaciones ilegítimas por arbitrarias y antijurídicas.” Sorpresivamente el pasado 15 de noviembre ante el CNE se presenta una propuesta alucinante, ignorar el trabajo de estos organismos, dar validez al rechazo de las firmas e ignorar la lesión de los derechos.
Cinco consejeros, tres votos necesarios para rechazarlo. Enrique Pita en contra, Luis Verdesoto en contra. José Cabrera a favor. Solo se necesitaba un voto más para rechazar la infame propuesta. Diana Atamaint amazónica, y Estela Acero kayambi, el resultado: las dos votan a favor de sepultar el Yasuní. No son todos los indígenas, pero es una triste coincidencia que el último clavo haya venido de allí. Pedro Bermeo de Yasunidos tenía la cara atónita, miembros de Acción Ecológica, la mirada perdida, y la Constitución despedazada.
En serio, ¿para qué existe una figura de consulta popular por iniciativa ciudadana? Si un colectivo realiza todos los pasos legales previstos – que requieren esfuerzos enormes de recoger firmas –, y se les niega la consulta; si luego tres instituciones aprueban informes que reconocen que se vulneraron sus derechos y se les debía reconocer la consulta, y aun así el organismo electoral lo niega, ¿existe tal cosa como la consulta por iniciativa ciudadana? Y, ¿hay algún valor legal a lo previsto en la Constitución? Ahora hay un juicio político en marcha, una de las causales es la actuación de la Presidenta Atamaint respecto a la consulta de Yasunidos. Pero hay asambleístas a quienes la democracia y la Constitución les vale un pepino y han declarado que la protegerán. Ecuatorianos contra la democracia.