Fuente: La Hora
Luego de que la Asamblea aprobara la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que era un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para liberar los recursos atados a la segunda y tercera revisión del programa económico, ayer el directorio del multilateral aprobó desembolsos por 498 millones de dólares.
A esto se suman los 652 millones recibidos en marzo pasado, cuando se concretó el acuerdo a favor de Ecuador en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) por 4.209 millones hasta 2021.
Cada año, el FMI se comprometió a transferir al menos 1.403 millones, a cambio del cumplimiento trimestral de metas. Los 252 millones restantes para cumplir el cupo de 2019, solo se completará cuando se realice la primera revisión de 2020, con el fin de evaluar el desempeño económico del país durante el último trimestre de este año.
A la fecha, las necesidades de financiamiento de 2019 superaron los 11.000 millones. Los 1.150 millones entregados por el FMI ayudaron a cubrir el 10% de esas necesidades. Con el aporte de otros organismos como Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, se logró levantar 2.718 millones.
A través de deuda interna y Certificados de Tesorería (Cetes) se consiguieron 4.157 millones, mientras que por bonos se alcanzó 4.125 millones.
Menor ajuste fiscal hasta 2021
El subdirector Gerente y Presidente Interino del Directorio del FMI, Mitsuhiro Furusawa, dijo que reconoció el esfuerzo del Gobierno para fortalecer la posición fiscal y externa del país, y recalibrar adecuadamente el programa económico, en respuesta a los recientes acontecimientos de protesta (de octubre) y con el propósito de proteger el crecimiento que favorezca a los pobres y resguardar el gasto social.
En este sentido, con el fin de proteger a los pobres y aumentar la red de seguridad social, el FMI anunció que se incrementará, en el programa con Ecuador, el tope mínimo de asistencia social.
El programa que suscribió Ecuador con el FMI establecía un ajuste global, entre menos gastos y más ingresos, equivalente al 5% del PIB: 5.400 millones hasta 2021.
Para 2020 se apuntaban a un ajuste equivalente a 2.000 millones, pero según la proforma para el próximo año, solo se lograrían 1.300 millones.
En este contexto, la nueva meta, según Mauricio Pozo, exministro de Economía, se reduciría a un ajuste de alrededor del 3,5% del PIB. “El monto de las reservas internacionales se bajaría de 5.000 millones a la mitad, por ejemplo, lo que es razonable”, comentó. (JS)
Cuatro reformas urgentes
Según el FMI, aunque celebra que se hayan aprobado las reformas tributarias, también hace un llamado para que el Gobierno avance una reforma del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para fortalecer los controles de gastos, limitar la discrecionalidad del presupuesto, introducir mecanismos para hacer frente a los atrasos y mejorar el marco para las reglas fiscales. Asimismo, recalca que es urgente los cambios en el Banco Central para fortalecer su autonomía y aumentar las reservas.
Por otro lado, el FMI dice que para que el sistema financiero continúe se debe fortalecer la regulación del riesgo crediticio y eliminar otras deficiencias regulatorias. Finalmente, se recomienda aumentar los esfuerzos para mejorar su competitividad, a través de transparencia, más eficiencia del sector público y la creación de condiciones en el mercado laboral para facilitar la contratación y la participación femenina.
Un Estado moroso
Por otra parte, varios sectores reclaman al Gobierno pagos pendientes, entre ellos los proveedores del Estado, quienes han señalado que se les adeuda, como casas de salud, entre ellas Solca, a la que se le debe más de 100 millones.
También están pendientes las transferencias a los gobiernos seccionales, universidades, contratistas y un largo etcétera.