Fuente: Perfil
En el marco del acuerdo para un crédito Stand-by con una duración de 36 meses por unos U$S 50.000 millones, la "Carta de intención, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI", consta de 33 carillas, y fue enviada a la directora del Fondo, Christine Lagarde. La extensa nota lleva la firma del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y reclama al FMI el "apoyo al plan económico" del Gobierno, que prevé metas inflacionarias y fiscales.
"El plan ha sido diseñado por el Gobierno argentino y consideramos que es el adecuado teniendo en cuenta nuestra situación política, económica y social actual", subrayó el Poder Ejecutivo. Para alcanzar sus proyecciones fiscales, la Casa Rosada trabajó con un supuesto de crecimiento económico del 0,4 por ciento para este año, a raíz de la "reciente volatilidad de los mercados financieros, la sequía que afectó a nuestro sector agropecuario y la suba en los precios mundiales de la energía". El Ejecutivo subrayó que uno de los ejes centrales del plan económico "es acelerar el ritmo al que venimos reduciendo el déficit primario desde 2016". De acuerdo al texto oficial, el esquema fiscal de mediano plazo elegido "garantizará que la deuda pública bruta como porcentaje del PBI caiga a partir de 2018, alcanzando el 55,8 por ciento del PBI hacia fines de 2021". A su vez, el Gobierno anticipó que en octubre próximo "vamos a enviar la Ley de Presupuesto al Congreso que apunta a un déficit primario del gobierno nacional de 1,3 por ciento del PBI en 2019, siendo esta una de las metas estructurales de nuestro programa". En ese sentido, sostuvieron: "Considerando la incertidumbre que enfrentamos actualmente, nuestras proyecciones de ingresos públicos en el presupuesto serán conservadoras e incluiremos, en forma prudencial, reservas de gasto que serán usadas únicamente en el caso de que ocurran imprevistos". Sobre esto último, desde el Gobierno expresaron que "si las circunstancias cambiaran y los resultados económicos fueran peores a los anticipados, estamos preparados para identificar medidas adicionales que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de déficit primario para 2018 y 2019". Asimismo, manifestaron que en caso de que los resultados económicos y fiscales evolucionen mejor a lo esperado “estaremos preparados para llevar adelante una eliminación más acelerada de los impuestos distorsivos".
En tanto, para la Casa Rosada, "este ritmo de convergencia hacia un presupuesto balanceado del gobierno nacional irá acompañado por el esfuerzo de las provincias, cuyo balance primario consolidado se espera que pase de - 0,4 por ciento en 2017 a un superávit de 1/4 por ciento del PBI hacia el final del período del acuerdo Stand-By", sostuvieron. De acuerdo con la Carta de Intención, el cumplimiento de estas metas fiscales "será el resultado de varias medidas de política", entre las que se mencionan: - Continuaremos avanzando en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para la electricidad. - Continuaremos con nuestros esfuerzos para racionalizar el empleo público, que se irá reduciendo a través de: no renovar cargos en puestos no prioritarios, congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años y eliminar las posiciones redundantes, con el objetivo de que el gasto en personalcaiga de 3,2 por ciento del PBI en 2017 a 2,7 por ciento hacia el final del programa. - Reduciremos el gasto en compras de bienes y servicios por parte del gobierno nacional un 15 por ciento en términos reales durante 2018 en relación a 2017 y continuaremos con este proceso en 2019. - Continuaremos ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país, pero pospondremos aquellos que no lo sean. -
sReduciremos las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su nivel actual de 0,1 por ciento del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021. - Con la Ley de Reparación Histórica asumimos un compromiso, al cual seguimos vinculados, para trabajar con la comisión parlamentaria correspondiente para introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible. - Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno, como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica. - Mantenemos nuestro compromiso de reducir y eventualmente eliminar los impuestos distorsivos en línea con la reforma tributaria aprobada hacia finales de 2017, pero podríamos extender el período de implementación de algunas de estas modificaciones si fuera necesario para alcanzar nuestras metas fiscales. - Las transferencias automáticas del gobierno nacional a las provincias aumentaron durante los años recientes y continuarán haciéndolo hasta 2020. -
En el caso que la actividad económica crezca menos de lo esperado y la recaudación tributaria se viera afectada, identificamos una suma equivalente a 0,2 por ciento del PBI de medidas adicionales (especialmente en infraestructura) que podrían ser tomadas para cumplir con nuestras metas fiscales. - Estableceremos un piso para el gasto de asistencia social de 1,3 por ciento del PIB, un nivel que garantiza la implementación de los programas para el período 2019-20 a la vez que contempla el aumento de los beneficios según la fórmula de indexación existente. - Adicionalmente, dada la incertidumbre económica existente, contemplamos asignar más recursos a las "Asignaciones Universales para Protección Social" en caso de que las condiciones sociales empeoren. - Redoblaremos nuestros esfuerzos para reducir la inflación, que tantos males ha causado a nuestra población. Si bien la política monetaria logró reducir la inflación en la segunda mitad de 2016 y en 2017, la disminución de la misma fue menor a la que deseábamos.
"El plan ha sido diseñado por el Gobierno argentino y consideramos que es el adecuado teniendo en cuenta nuestra situación política, económica y social actual", subrayó el Poder Ejecutivo. Para alcanzar sus proyecciones fiscales, la Casa Rosada trabajó con un supuesto de crecimiento económico del 0,4 por ciento para este año, a raíz de la "reciente volatilidad de los mercados financieros, la sequía que afectó a nuestro sector agropecuario y la suba en los precios mundiales de la energía". El Ejecutivo subrayó que uno de los ejes centrales del plan económico "es acelerar el ritmo al que venimos reduciendo el déficit primario desde 2016". De acuerdo al texto oficial, el esquema fiscal de mediano plazo elegido "garantizará que la deuda pública bruta como porcentaje del PBI caiga a partir de 2018, alcanzando el 55,8 por ciento del PBI hacia fines de 2021". A su vez, el Gobierno anticipó que en octubre próximo "vamos a enviar la Ley de Presupuesto al Congreso que apunta a un déficit primario del gobierno nacional de 1,3 por ciento del PBI en 2019, siendo esta una de las metas estructurales de nuestro programa". En ese sentido, sostuvieron: "Considerando la incertidumbre que enfrentamos actualmente, nuestras proyecciones de ingresos públicos en el presupuesto serán conservadoras e incluiremos, en forma prudencial, reservas de gasto que serán usadas únicamente en el caso de que ocurran imprevistos". Sobre esto último, desde el Gobierno expresaron que "si las circunstancias cambiaran y los resultados económicos fueran peores a los anticipados, estamos preparados para identificar medidas adicionales que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de déficit primario para 2018 y 2019". Asimismo, manifestaron que en caso de que los resultados económicos y fiscales evolucionen mejor a lo esperado “estaremos preparados para llevar adelante una eliminación más acelerada de los impuestos distorsivos".
En tanto, para la Casa Rosada, "este ritmo de convergencia hacia un presupuesto balanceado del gobierno nacional irá acompañado por el esfuerzo de las provincias, cuyo balance primario consolidado se espera que pase de - 0,4 por ciento en 2017 a un superávit de 1/4 por ciento del PBI hacia el final del período del acuerdo Stand-By", sostuvieron. De acuerdo con la Carta de Intención, el cumplimiento de estas metas fiscales "será el resultado de varias medidas de política", entre las que se mencionan: - Continuaremos avanzando en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para la electricidad. - Continuaremos con nuestros esfuerzos para racionalizar el empleo público, que se irá reduciendo a través de: no renovar cargos en puestos no prioritarios, congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años y eliminar las posiciones redundantes, con el objetivo de que el gasto en personalcaiga de 3,2 por ciento del PBI en 2017 a 2,7 por ciento hacia el final del programa. - Reduciremos el gasto en compras de bienes y servicios por parte del gobierno nacional un 15 por ciento en términos reales durante 2018 en relación a 2017 y continuaremos con este proceso en 2019. - Continuaremos ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país, pero pospondremos aquellos que no lo sean. -
sReduciremos las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su nivel actual de 0,1 por ciento del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021. - Con la Ley de Reparación Histórica asumimos un compromiso, al cual seguimos vinculados, para trabajar con la comisión parlamentaria correspondiente para introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible. - Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno, como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica. - Mantenemos nuestro compromiso de reducir y eventualmente eliminar los impuestos distorsivos en línea con la reforma tributaria aprobada hacia finales de 2017, pero podríamos extender el período de implementación de algunas de estas modificaciones si fuera necesario para alcanzar nuestras metas fiscales. - Las transferencias automáticas del gobierno nacional a las provincias aumentaron durante los años recientes y continuarán haciéndolo hasta 2020. -
En el caso que la actividad económica crezca menos de lo esperado y la recaudación tributaria se viera afectada, identificamos una suma equivalente a 0,2 por ciento del PBI de medidas adicionales (especialmente en infraestructura) que podrían ser tomadas para cumplir con nuestras metas fiscales. - Estableceremos un piso para el gasto de asistencia social de 1,3 por ciento del PIB, un nivel que garantiza la implementación de los programas para el período 2019-20 a la vez que contempla el aumento de los beneficios según la fórmula de indexación existente. - Adicionalmente, dada la incertidumbre económica existente, contemplamos asignar más recursos a las "Asignaciones Universales para Protección Social" en caso de que las condiciones sociales empeoren. - Redoblaremos nuestros esfuerzos para reducir la inflación, que tantos males ha causado a nuestra población. Si bien la política monetaria logró reducir la inflación en la segunda mitad de 2016 y en 2017, la disminución de la misma fue menor a la que deseábamos.