FUENTE: EL DÍA
El diputado opositor Wilson Santamaría observó este viernes que los daños económicos al Estado, entendidos por pagos a consecuencia de la “nacionalización”, son más grandes que el supuesto delito atribuido al expresidente Carlos Mesa en el caso de Quiborax con 42,6 millones de dólares. Desde el 2006, cuando Evo Morales asumió la presidencia, una política gubernamental fueron los procesos de "nacionalización" a una serie de empresas, algunas de ellas recurrieron a demandas internacionales contra el Estado. Detalles. Recientemente el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de Bolivia y le obliga a pagar $us 48,6 millones a la firma chilena Quiborax por la reversión, en el gobierno de Carlos Mesa, de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
Dijo que actualmente Bolivia enfrenta varios juicios no solo ante el Ciadi del Banco Mundial, sino ante la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio Internacional de París y ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Informó que ya salió la sentencia en el caso Eurotelecom, en el caso Aguas del Tunari y de Pan American Energy. Este último ha concluido hace un par de meses, pero que no hay acceso a la información. Señaló que el Gobierno tiene que explicar qué ha hecho con estas empresas que exigen el cumplimiento de los contratos y que terminaron en procesos de arbitraje y conciliación con sanciones impuestas al Estado por arriba de los 900 millones de dólares.
Seguimiento. El diputado Santamaría considera importante que la Procuraduría General transparente todos los juicios internacionales que está enfrentando el Estado como consecuencia de la política de "nacionalización" que emprendió el Gobierno desde hace más de una década. Exige documentación sobre el procedimiento de contratación de los estudios jurídicos que encaran la defensa de los intereses del pueblo boliviano, y se explique el proceso de selección, el estudio, equipo de personas, el responsable de cada caso y el monto económico que paga a cada uno de los ellos por sus servicios.
El diputado opositor Wilson Santamaría observó este viernes que los daños económicos al Estado, entendidos por pagos a consecuencia de la “nacionalización”, son más grandes que el supuesto delito atribuido al expresidente Carlos Mesa en el caso de Quiborax con 42,6 millones de dólares. Desde el 2006, cuando Evo Morales asumió la presidencia, una política gubernamental fueron los procesos de "nacionalización" a una serie de empresas, algunas de ellas recurrieron a demandas internacionales contra el Estado. Detalles. Recientemente el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de Bolivia y le obliga a pagar $us 48,6 millones a la firma chilena Quiborax por la reversión, en el gobierno de Carlos Mesa, de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
Dijo que actualmente Bolivia enfrenta varios juicios no solo ante el Ciadi del Banco Mundial, sino ante la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio Internacional de París y ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Informó que ya salió la sentencia en el caso Eurotelecom, en el caso Aguas del Tunari y de Pan American Energy. Este último ha concluido hace un par de meses, pero que no hay acceso a la información. Señaló que el Gobierno tiene que explicar qué ha hecho con estas empresas que exigen el cumplimiento de los contratos y que terminaron en procesos de arbitraje y conciliación con sanciones impuestas al Estado por arriba de los 900 millones de dólares.
Seguimiento. El diputado Santamaría considera importante que la Procuraduría General transparente todos los juicios internacionales que está enfrentando el Estado como consecuencia de la política de "nacionalización" que emprendió el Gobierno desde hace más de una década. Exige documentación sobre el procedimiento de contratación de los estudios jurídicos que encaran la defensa de los intereses del pueblo boliviano, y se explique el proceso de selección, el estudio, equipo de personas, el responsable de cada caso y el monto económico que paga a cada uno de los ellos por sus servicios.