EL DIARIO

Varios sectores empresariales y pequeños productores expresaron su preocupación ante la persecución tributaria que implantó la administración fiscal en los últimos años, la misma que aplica multas, accesorios, penalizaciones y actualización de los supuestos montos adeudados.

 

Muchas empresas y profesionales declararon que prefieren pagar los elevados montos impuestos antes que iniciar un proceso contencioso tributario por el costo y el tiempo adicional que ello significa para sus actividades productivas o de servicios.

 

Esta situación fue analizada en varios seminarios y foros donde se estableció la aplicación de prácticas que no aseguran a las empresas el debido proceso en la recaudación de ingresos para el fisco.

 

“Con los montos exigidos por la administración tributaria por supuestos errores en las declaraciones juradas, entonces lo que hace es aumentar la recaudación de impuestos, pero en contrapartida genera desincentivos para las empresas privadas, que dificulta su permanencia en el mercado formal”, sostuvo el analista económico, José Gabriel Espinoza.

 

Esta situación también fue puesta en conocimiento público por la Cámara Nacional de Comercio en la gestión de Fernando Cáceres, quien hoy es parte del directorio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

 

El pasado viernes, el dirigente Jerónimo Ramos de la Federación de Interculturales de La Paz denunció la persecución a las Oecas, organizaciones de productores por parte de la administración tributaria y dijo que muchas están expuestas a desaparecer. “Irán despareciendo por impuestos”, dijo Ramos en la rendición de cuentas que se realizó en el Ministerio de Desarrollo Rural que contó con la presencia de un centenar de representantes rurales.

 

DESINCENTIVO

 

“La política tributaria del Gobierno genera desincentivo a las empresas legalmente establecidas y provoca que los emprendimientos se desplacen a la informalidad, lo que causa que las compañías dejen de pagar sus obligaciones fiscales”, manifestó Espinoza.

 

El Banco Mundial estimó que Bolivia aplica la mayor presión fiscal de la región con 26 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

 

Basado en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cámara de Industrias de La Paz, (Cadinpaz) señaló recientemente que la presión impositiva en Bolivia, respecto del PIB, alcanza a cerca de 34%, considerando los conceptos de renta, IVA, contribución a la seguridad social y otros, con todo lo cual es el más alto de toda la región.

 

Al respecto, el viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, salió al paso la semana pasada y dijo que el promedio la presión fiscal en Bolivia fue 19.4 por ciento en los doce años precedentes y que en 2017 llegó a 18.3 por ciento. Sin embargo, no pudo explicar la permanencia del régimen simplificado que la empresa privada pidió abolir.

 

Citando la Constitución que consagra que “todos son iguales ante la ley”, Morales no pudo dar razones por qué el contrabando y el sector cocalero no contribuyen al erario nacional.

 

OTROS OBSTÁCULOS

 

Sumado a la presión tributaria, uno de los datos que reveló el Ranking Doing Bussines del Banco Mundial, son las horas que debe emplear un empresario en Bolivia para cumplir con sus obligaciones impositivas, que están entre 1.000 a 1.500 horas al año, lo que representa, además costos, adicionales.

 

“Esa cantidad de tiempo es la más alta de la región y significa un costo adicional para las empresas, a esto habría que aumentar que sí en el proceso se cometen errores u omisiones, las multas son desproporcionadas”, sostuvo el economista.