FUENTE: PÁGINA SIETE
"Fue una reunión para analizar cómo está el procedimiento de la adecuación de los contratos de las cooperativas mineras a los contratos productivos mineros y se ha visto necesario iniciar el procedimiento, fundamentalmente la conciliación de cuentas, las deudas que tienen las cooperativas con la Comibol”, precisó. Se estableció trabajar en un reglamento que permita agilizar el procedimiento.
Con ese objetivo se desplazarán equipos técnicos de la Comibol a las diferentes regiones donde operan cooperativas mineras para apurar la conciliación y así evitar problemas que retrasen o eviten la firma de los nuevos contratos. La nueva Ley 845, aprobada en octubre de 2016, después de la muerte del viceministro Rodolfo Illanes, establece la migración de contratos de arrendamiento a otros de operación tomando en cuenta que los yacimientos son propiedad de Comibol.
El objetivo es revertir al dominio del Estado las áreas sobre las cuales las cooperativas mineras tienen contratos vigentes con empresas privadas nacionales o extranjeras y ejercer el control y fiscalización. En la ley también se contempla que al 31 de enero de cada año las cooperativas, titulares de derechos mineros, deberán presentar el volumen y valor de la producción, generación de excedentes y su distribución por cada asociado.
"Fue una reunión para analizar cómo está el procedimiento de la adecuación de los contratos de las cooperativas mineras a los contratos productivos mineros y se ha visto necesario iniciar el procedimiento, fundamentalmente la conciliación de cuentas, las deudas que tienen las cooperativas con la Comibol”, precisó. Se estableció trabajar en un reglamento que permita agilizar el procedimiento.
Con ese objetivo se desplazarán equipos técnicos de la Comibol a las diferentes regiones donde operan cooperativas mineras para apurar la conciliación y así evitar problemas que retrasen o eviten la firma de los nuevos contratos. La nueva Ley 845, aprobada en octubre de 2016, después de la muerte del viceministro Rodolfo Illanes, establece la migración de contratos de arrendamiento a otros de operación tomando en cuenta que los yacimientos son propiedad de Comibol.
El objetivo es revertir al dominio del Estado las áreas sobre las cuales las cooperativas mineras tienen contratos vigentes con empresas privadas nacionales o extranjeras y ejercer el control y fiscalización. En la ley también se contempla que al 31 de enero de cada año las cooperativas, titulares de derechos mineros, deberán presentar el volumen y valor de la producción, generación de excedentes y su distribución por cada asociado.