El documento fue aprobado el lunes pasado en la Cámara de Diputados.
LOS TIEMPOS

Wilson Aguilar

Después de la declaratoria de emergencia de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y de la negativa del presidente Evo Morales de que el Gobierno esté buscando la confiscación de emprendimientos privados, la Cámara de Senadores decidió ayer suspender la consideración del proyecto de Ley de Empresas Sociales. El documento fue aprobado el lunes pasado en la Cámara de Diputados.
 
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, informó que el tratamiento del proyecto de ley no sólo quedaba suspendido, sino que además invitaba a la CEPB a conformar mesas técnicas para tratar el tema y consensuar los aspectos que son observados. “No queremos generar susceptibilidades con el sector empresarial”, dijo.
 
El proyecto de ley establece la posibilidad de transferir una empresa privada a manos de los trabajadores (empresa social) si quebraba o se veía en dificultades de pagar tres meses de sueldo, entre otras condiciones.
 
Sin embargo, Morales, en un acto público, negó ayer que eso fuera cierto y echó la culpa del presunto malentendido a los medios de comunicación.
 
“Evidentemente, la Confederación de Fabriles de Bolivia ha planteado (que) si una empresa privada ya está en quiebra (…) y si los obreros tienen capacidad económica o con créditos (...) pueden convertirse en empresa comunitaria, empresa social. Es su derecho, (pero) siempre y cuando que se pague al empresario el costo de la empresa”, dijo.
 
El proyecto fue remitido el pasado 11 de mayo por el Ejecutivo al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) mediante nota suscrita por el propio Morales.
 
Según el documento, podrán constituirse en empresas sociales empresas en procesos de quiebra, concurso o liquidación, conforme a lo previsto en el Código de Comercio; cuando esos procesos hubieren concluido, o cuando haya “cierre o abandono injustificado de una empresa”.
 
El punto II del documento señala que se entenderá por “abandono injustificado” el incumplimiento por parte del empleador: a) en el pago de obligaciones pecuniarias propias del funcionamiento de la empresa por más de tres meses continuos, comprendiéndose dentro de éstas el pago de salarios; aportes a la seguridad social de corto y largo plazo, y b) la suspensión o disminución de las actividades productivas.
 
Se entiende que existe “cierre de una empresa privada”, cuando el empleador proceda al retiro de modo repentino y masivo de trabajadores, la huida del país del empleador, el cierre intempestivo de la empresa sin haber seguido el procedimiento de “lock out” (cierre de fábricas, talleres por parte de la empresa como respuesta a una situación de huelga). Para los empresarios, un problema económico que soporte una empresa por diversas causas no puede ser causa de confiscación.
 
“Esperemos un nuevo texto que va a tratar de hacer ese equilibrio que probablemente en este proyecto no se está manifestando claramente”, dijo Gonzales.
 
Por su parte, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, celebró que esa instancia legislativa paralice la consideración del proyecto, ya aprobado en el Cámara de Diputados, toda vez que se constituye en un atentado en contra de las firmas, las inversiones y pretender entregar éstas “sólo por el hecho de que se hayan presentado problemas en el cumplimiento de obligaciones”.
 
 
 
INVITAN A LOS EMPRESARIOS
 
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, anunció también que se buscará sostener reuniones con los representantes de los empresarios privados de Bolivia y de la Cámara de Industria,  Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).
 
“Vamos a convocar, espero esta semana. Ojalá ellos, los máximos representantes de los empresarios de Bolivia y de la Cainco, que son quienes nos han manifestado sus preocupaciones con sendas notas, puedan estar aquí en La Paz, y explicarles cuál es el propósito de esta normativa que, reitero, de ninguna manera reviste un afán confiscatorio o un intento solapado de avanzar sobre la propiedad privada de manera inapropiada”, manifestó.
 
Gonzales acotó que, en esa reunión, se plantearán modificaciones a la norma e insistió que no existe ninguna intención de “confiscación o de allanar o expropiar la propiedad privada generando inseguridad jurídica”, afirmó.
 
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, anunció, el martes pasado, el estado de emergencia del sector por la aprobación del documento en la Cámara de Diputados y solicitó al Senado la reconsideración urgente de varios artículos, particularmente del 4 y del 7, a los que consideró como instrumentos para confiscar la propiedad privada e inviabilizar la apertura de empresas en el país.