Un grupo de expertos de instituciones internacionales, ONGs y académicos coincidieron ayer en destacar durante una audiencia en el Parlamento Europeo los claroscuros de la situación en Bolivia y mostraron preocupación especialmente por la violencia a las mujeres y el trabajo infantil.
FUENTE: JORNADA

"Extraemos una radiografía con claroscuros. Por un lado hay muchas cosas positivas, como un avance de los derechos económicos sociales y cierta mejora de las condiciones de vida", señaló Jean Pierre Bou, del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE). "Pero al mismo tiempo tenemos preocupación por la violencia contra las mujeres, los derechos de los indígenas, así como la situación laboral, en particular el trabajo infantil", añadió Bou. El representante del servicio de la diplomacia europea señaló como parte del problema la falta de recursos financieros para implementar políticas, un asunto que trataron en la última reunión con representantes del país el pasado febrero, en Bruselas. Al mismo tiempo recordó que Bolivia es el principal beneficiario de ayuda de cooperación de la UE en Latinoamérica, con 281 millones de euros. Varios expertos, incluido José Ramírez, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mostraron su preocupación por una reciente ley boliviana que permite el trabajo a partir de los 10 años.

Ramírez destacó "el carácter erróneo de la medida" que dijo "lanza el mensaje a las familias y menores pobres que para salir de esa situación no van a tener ninguna ayuda y que lo mejor que puedan hacer es trabajar". Ramírez apuntó que la misma infringe "totalmente la legalidad internacional y los convenios de la OIT", además de no tener en cuenta que la formación debe ser obligatoria hasta los 16 años. En la audiencia, en la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, estuvo presente la embajada de Bolivia, que defendió a través de su segunda secretaria, Dharma Mier, que la nueva ley contó con gran consenso de la sociedad. "Lo que la ley quiere es erradicar las causas estructurales que provocan el trabajo infantil.

Y establece la obligatoriedad para todos los menores de escolarización", defendió. Al mismo tiempo señaló que "la ley no es perfecta" pero que busca "recoger una realidad". "No es permisiva con el trabajo infantil, es realista", añadió. Por su parte, sobre la situación de violencia contra las mujeres, Nathalie Alonso, de parte de Oxfam, apuntó que aunque la administración ha desarrollado varios instrumentos legislativos, su implementación adecuada es un asunto pendiente. Alonso explicó que para los indígenas lo correcto culturalmente es solucionarlo entre los afectados, sin acudir al sistema criminal, lo que invisibiliza más el problema y deja a las mujeres y niñas en una situación de mayor vulnerabilidad. Apuntó al mismo tiempo que, según los datos recabados, nueve de cada diez bolivianos de 25 años o menos conocen al menos un episodio de violencia machista.

Reclamó en ese sentido un mecanismo de alerta temprana para mujeres y niñas que sufren violencia y destacó que en el caso de las indígenas, la mayoría de casos ni siquiera se conocen ni denuncian. Una delegación de la Eurocámara viajará a Bolivia para reunirse con miembros de la administración, del Defensor del Pueblo y representantes de la sociedad civil previsiblemente entre el 17 y el 21 de abril, explicaron a Efe fuentes parlamentarias. Igualmente en la agenda estará visitar un centro penitenciario y un refugio de mujeres víctimas de la violencia.